Asegura que las prestaciones públicas son un efecto llamada para la inmigración irregular
MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundación para el Análisis los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, considera que las administraciones públicas "interfieren excesivamente en decisiones acerca de la llegada de trabajadores inmigrantes" y aboga por que esas decisiones se dejen principalmente en manos de las empresas y otros actores del proceso económico.
Así consta en el informe 'Europa. Propuestas de Libertad' que fue presentado hoy en Navacerrada (Madrid) por el ex presidente del Gobierno y que ha sido dirigido por el responsable de director del Área Internacional de la fundación Alberto Carnero.
La fundación vinculada al PP apuesta por que las administraciones públicas centren su esfuerzos en "garantizar que el proceso de acceso de inmigrantes al mercado laboral no pone en riesgo determinados bienes públicos (como la sanidad o la seguridad) y los derechos de los trabajadores".
Desde su punto de vista, "la oportunidad empresarial y las condiciones económicas" para la contratación de extranjeros "deben ser determinadas por las partes que contratan con pleno derecho" a las leyes nacionales y del país de origen del trabajador. Con esta fórmula, argumenta FAES, se aunarían en un mismo sistema "seguridad jurídica, rendimiento económico y flexibilidad y agilidad en la gestión".
Esta es una de las ideas incluidas en el capítulo que este informe dedica al fenómeno de la inmigración, en el que también se apuesta por avanzar en la integración de los inmigrantes impulsando políticas de formación para este colectivo.
"Las sociedades democráticas europeas se fortalecerán con la integración activa de los inmigrantes. Esto debería implicar un compromiso expreso no sólo con los derechos, sino también con las obligaciones que son propias de la ciudadanía de cada país europeo", reza el texto.
DESAJUSTES EN EL ESTADO DE BIENESTAR
En el mismo epígrafe, FAES dedica un apartado a los "desajustes en el Estado de bienestar" que, según su análisis, está provocando "el acceso de poblaciones de origen inmigrante a los sistemas de protección social" y que cifra en tres.
En primer lugar, señala que las "prestaciones sociales" suponen un incentivo para la inmigración irregular porque "la expectativa" de garantizarse la cobertura de una serie de necesidades en materia de sanidad, educación y servicios sociales" es uno de los factores que intervienen "de forma decisiva en la decisión de emigrar".
Esta situación puede redundar en el futuro, según alerta FAES, en un posible desequilibrio entre gastos e ingresos para el Estado de Bienestar. Aunque ahora el balance fiscal es inicialmente positivo, la fundación avisa de que "a medio plazo tal ventaja se podría ir reduciendo progresivamente al converger la estructura socio demográfica de las poblaciones de origen inmigrante (proporción de menores y ancianos) con la de la sociedad receptora".
En tercer lugar, el informe explica que la creciente heterogeneidad de la población (lenguas diversas, necesidades diferentes y tradiciones culturales distintas) conlleva costes añadidos en la prestación de los servicios.
SATURACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
"Además, el aumento de los potenciales usuarios --muchos de ellos en situación de irregularidad y, en consecuencia, usuarios imprevistos a los que hay que atender con un presupuesto limitado-- puede generar cierta saturación y deterioro de los servicios que se prestan", añade el informe.
Por todo ello, FAES recomienda "cuidar que este incremento de usuarios esté controlado y, por tanto, no lleve a una sobrecarga de los servicios públicos que dañe su imagen de buen servicio ante los ciudadanos que los sostienen con sus impuestos".
Además, la fundación que preside Aznar defiende la necesidad de hallar soluciones comunes para los problemas de inmigración ilegal en el ámbito europeo. En este contexto, rechaza actuaciones individuales como las legalizaciones de inmigrantes irregulares y denuncia que este tipo de iniciativas unilaterales repercuten negativamente "sobre los demás miembros de la Unión Europea como consecuencia de la movilidad laboral dentro de ésta".
