Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 08/01/2009 14:02
El PP de las islas se desmarcó hoy de las declaraciones del presidente de la formación, Mariano Rajoy, en las que se mostró partidario de mantener el actual modelo de financiación de 2001, por entender que el sistema vigente castiga a Baleares situando a la comunidad por debajo de la media estatal en financiación per cápita. Las tesis de Rajoy no las comparte el PP balear, que considera que las islas deberían recibir una mayor aportación del Gobierno central y exige que la nueva financiación tenga en cuenta el aumento de la población y las dificultades de transporte de los residentes en las islas.
En rueda de prensa, el portavoz 'popular' en Baleares, Carlos Simarro, recalcó que el partido "está convencido" de que las islas están mal financiadas puesto que se trata de la comunidad que "más aporta el bienestar del Estado español" cuando lo que recibe "está por debajo de la media".
En este sentido, Simarro indicó que en la reunión de esta tarde entre el presidente del Govern, Francesc Antich, y el del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, el primero debería "exigir" al Estado "el dinero que nos deben" como los 333 millones de los convenios de carreteras.
EL MODELO ACTUAL NO CONTEMPLA "IDIOSINCRASIA" DE LAS ISLAS.
Asimismo, el 'popular' remarcó que el modelo de financiación "nunca ha contemplado la idiosincrasia" de la población de las islas como la referente a las dificultades a la hora de desplazarse. Por ello, el portavoz manifestó que le "choca" que parezca que el jefe del Ejecutivo autonómico vaya a "aceptar todo" aquello que le proponga Zapatero cuando "de lo que nos den, siempre nos faltará", puntualizó.
El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que él hubiera mantenido el modelo de financiación de 2001 puesto que éste se hizo por consenso y posee un mecanismo de ajuste para el aumento de la población. Además, consideró que la reforma ocasionará mayor déficit, deuda, impuestos para pagar esa deuda y mayores dificultades de las empresas para acceder al crédito, puesto que "el Estado copará ese mercado". No obstante, el presidente 'popular' mantuvo que los presidente autonómicos del partido "tienen el derecho y el deber de defender sus intereses".