ZARAGOZA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Aragón está dispuesto a recurrir a los tribunales para exigir al Ejecutivo central el pago de las tasas judiciales que le corresponden a la Comunidad autónoma para, con esta cantidad, financiar parte de la justicia gratuita.
Según sus cálculos, a la Comunidad autónoma le corresponden 1.231.299,71 euros de las tasas, cantidad que ha solicitado en una carta dirigida al secretario de Estado de Justicia, Juan Bravo. Este es el primer paso para ir a los tribunales, ha agregado.
"Me siento engañado" por el Ministerio de Justicia ha asegurado el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha expuesto que el Gobierno de España se comprometió, en el artículo 11 de la Ley de Tasas, a destinar la recaudación de las tasas a las Comunidades autónomas que tuvieran traspasada las competencias de medios personales y materiales de Justicia y prestaran el servicio mencionado, como es el caso de Aragón. "No se han cumplido los compromisos que había por parte del Gobierno central", ha dicho.
Ha apuntado que en el momento de la transferencia, en 2013, se cuantificó en 2.858.843,91 euros y ese año el Gobierno de Aragón pagó 4.394.065,85 euros, subrayando que "algún problema hay".
Asimismo, ha afirmado que la Comunidad Autónoma está cumpliendo sus obligaciones de financiación de la justicia gratuita "con dificultades", en cierta medida por el incremento progresivo del número de solicitantes, prueba de lo cual es que en 2013 aumentó un 28,49 por ciento, al contabilizarse 3.651 casos más que el año anterior.
Ha señalado que la regulación de las tasas "fue claramente excesiva", recordando que el Ejecutivo aragonés recurrió el cobro de tasas para los recursos de casación foral, por considerar que invade las competencias estatutarias.
LEXNET
Roberto Bermúdez de Castro ha comparecido también para informar sobre la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada en diciembre de 2013, un encuentro en el que se abordaron temas como la modernización de la justicia, una de las claves junto con la coordinación entre las comunidades autónomas.
Ha dicho que después del verano podría implantarse el sistema de doble dirección del Lexnet, que permite enviar y recibir documentos judiciales con plena validez legal. Se ensayará primero "en una sede judicial pequeñita", ha concretado.
El nuevo sistema de grabación en las salas de vistas, ya en funcionamiento en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, entrará en funcionamiento en Huesca durante la primera quincena de septiembre y en las tres sedes judiciales turolenses, la de Alcañiz, la de Calamocha y la de la ciudad de Teruel, a lo largo de este año.
También ha comentado que una de las tareas pendientes para el próximo Gobierno de España será implantar la nueva oficina judicial, que de momento se va a poner en marcha en los territorios donde no se ha realizado la transferencia, como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Ha reiterado el rechazo del Gobierno autonómico a la Ley Orgánica del Poder Judicial "a grandes rasgos", mencionando la necesidad de mantener las denominadas sedes judiciales desplazadas, que prestan servicio a municipios como Boltaña (Huesca) o Caspe (Zaragoza).
"En el supuesto de que se apruebe será muy complicado que se pueda aplicar", ha pronosticado el consejero, quien ha dejado claro que si se traspasan las "líneas rojas" se recurrirá.
GRUPOS
El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha lamentado que no se garantice la "financiación suficiente" para mantener este servicio gratuito, rechazando "la excusa de la crisis", tras lo que ha echado en falta "una mayor contundencia" por parte del Ejecutivo aragonés.
La portavoz de IU, Patricia Luquin, ha considerado que Bermúdez de Castro debería pedir la dimisión del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, y que las tasas han tenido un efecto "disuasorio", reivindicando después el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, un principio que "se está quebrando".
Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, es necesario articular medidas de "compensación", más cuando se ha producido un incremento de la litigiosidad, añadiendo que "no nos deberíamos conformar" con la cantidad recibida para el pago de la justicia gratuita. Soro ha apostado por potenciar la implantación de las nuevas tecnologías.
Desde el PP, Fernando González, ha animado a "buscar una justicia del siglo XXI" y ha resaltado que el Gobierno regional defiende las competencias transferidas, añadiendo que "vamos en la buena dirección".
El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha anunciado la presentación de una iniciativa de impulso al Gobierno para que este asunto se incluya en la próxima reunión de la Comisión Bilateral, tras lo que ha comentado que la escasez de presupuesto para la justicia gratuita perjudica a los aragoneses más vulnerables.
