Aboga por reformar la normativa electoral y de financiación para que los corruptos no se "escuden en la confusión" de las leyes vigentes
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, es partidario de reformar de nuevo la Ley de Financiación de Partidos y, en paralelo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con el fin de hacer más transparentes las cuentas de los partidos políticos y de mejorar el control externo sobre las mismas. De esta forma, según señaló en referencia a casos de corrupción como la trama 'Gürtel', "muchas de las cosas que hoy ocupan las páginas de los periódicos no ocurrían o serían fáciles de detectar".
Durante su intervención ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas a la que acudió a presentar el informe de fiscalización sobre los gastos electorales correspondientes a las elecciones generales de 2008, Núñez reclamó que toda la normativa electoral sea objeto de una reflexión "severa, seria y rigurosa" para que los problemas que surgen en este ámbito sean "resueltos y eliminados de la vida política".
Desde su punto de vista, la transparencia en la contabilidad de los partidos debería entenderse como algo "natural" porque así nadie pondría esas finanzas en tela de juicio. Además, subrayó que una reforma en profundidad evitaría los "dimes y diretes" que se están viendo estos días y que los que sean señalados como "responsables" de las corruptelas "se escuden en la confusión" en la que, en su opinión, incurre la normativa actual.
DETECTAR MEJOR EL FRAUDE
Con esta reflexión, Núñez respondía principalmente al socialista Juan Luis Gordo y la senador autonómico por Navarra Patxi Tuñón, que habían expresado su preocupación por la transparencia de las cuentas electorales de los partidos. En especial, el senador del PSOE había preguntado al presidente del órgano fiscalizador sobre la conveniencia de mejorar la eficiencia en la detección de actuaciones fraudulentas en esta materia.
Núñez recordó que la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, que data de 2007, no ha llevado consigo una modificación de la Ley Electoral General, una norma cuya reforma está estudiando actualmente una subcomisión parlamentaria.
En este contexto, abogó por revistar la LOREG para diseñar campañas que supongan menor gasto, utilizando a tal fin numerosos medios públicos disponibles, y para poder detectar los eventuales ingresos o ayudas que cada candidatura "pudiera obtener de manera torticera o confusa".
"Hablando con fundamento, hay que ir al meollo de la cuestión, que sería modificar la normativa electoral en lugar de venir aquí a exponer sospechas fáciles de deducir de los acontecimientos que estos días llenan las páginas de los periódicos", dijo, en referencia de nuevo al caso 'Gürtel'.
RÉGIMEN SANCIONADOR ESTRICTO
"Soy partidario de revisar la normativa electoral y de avanzar hacia un adecuado régimen de publicidad de las cuentas de los partidos", dijo, a la vez que abogó por establecer "un sistema de control externo que cuente con todas las garantías, elimine las limitaciones que impuso la Ley de Financiación de 2007 y fije un estricto régimen sancionador de las conductas ilegales".
Núñez recordó que antes de que las Cortes reformase la financiación de los partidos hace tres años el Tribunal de Cuentas realizó una serie de recomendaciones la mayoría de las cuales no fueron tenidas en cuenta por los legisladores. Entre otras cosas, el órgano fiscalizador propuso que los partidos no desglosaran sus gastos a distintos niveles (local, autonómico, nacional o parlamentario), sino que rindieran cuentas de manera unitaria.
A su juicio, "la unidad de presentación y de tratamiento sería una medida adecuada para resolver esos problemas que afectan a todos y disiparía dudas sobre si el trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas refleja la verdad de los gastos y de legitimidad de los ingresos de las formaciones políticas.
En cualquier caso, Núñez explicó que las verificaciones sobre la contabilidad de los partidos que hace el tribunal se efectúan sobre la documentación oficialmente rendida por las organizaciones políticas, que se somete a un "examen es muy exhaustivo" y que, si lo ve necesario, también pide información a bancos o proveedores para comprobar la veracidad de los datos.
DEBER DE COLABORACIÓN DE TERCEROS
"Pero el Tribunal no tiene competencias para llevar a cabo investigaciones policiales y no puede aceptar la presunción de que existan operaciones no registradas salvo que se aporten pruebas de las mismas", apuntó en respuesta al senador socialista.
Tras recalcar que si lo bancos o proveedores a los que se les piden datos no colaboran se cursa la correspondiente denuncia, recordó que el órgano fiscalizador está trabajando en una moción sobre el deber de colaboración. "Si este deber se traduce en determinadas formas, requisitos y obligaciones que deben estar vigilados y en su caso sancionados mucho avanzaríamos una preocupación compartida por todos", agregó Núñez.
