Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 01/12/2009 14:35
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha asumido la denuncia presentada por la activista saharaui Aminetu Haidar, que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado día 16 de noviembre en el aeropuerto de Arrecife (Lanzarote), por su expulsión de Marruecos y su traslado forzoso a España, informaron hoy fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción instruirá esta causa, que está dirigida contra Marruecos por expulsión ilegal y contra España por secuestro y malos tratos, después de que el pasado día 25 el Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que es el tribunal competente para investigar estos hechos.
La primera medida que ha acordado el juez ha sido dar traslado de la causa a la Fiscalía para que le informe sobre la pertinencia de abrir o no una causa penal a fin de investigar los hechos relatados en la denuncia.
Haidar fue expulsada el día 14 de la localidad saharaui de El Aaiún en contra su voluntad y después de que las autoridades marroquíes le retiraran el pasaporte. Al día siguiente, presentó en comisaría una denuncia dirigida contra "las instituciones públicas o privadas que pudieran ser responsables de su traslado por la fuerza a España, incumpliendo la legalidad internacional", según explicó la Plataforma de Solidaridad con la activista.
DENUNCIA A LA GUARDIA CIVIL
En concreto, la denuncia está dirigida contra Marruecos por expulsión ilegal y contra las autoridades españolas, a las que atribuye su secuestro al entender que le obligaron a entrar en el país en contra de su voluntad, pese a no tener documentación, e impedirle la salida.
Asimismo, denunció a la compañía aérea Canarias Aeronáutica y al comandante de vuelo que la trasladó a Lanzarote por llevarla a un lugar desconocido, obligándola a viajar a España en contra de su voluntad y cuando había comunicado que estaba en situación irregular.
También dirige su acción penal contra la Guardia Civil por los malos tratos recibidos en el aeropuerto, cuando los agentes la obligaron con violencia y en silla de ruedas a desalojar estas instalaciones.
Del mismo modo, la activista ha denunciado que existe complicidad entre los gobiernos marroquí y español, asegurando que tiene constancia de que existían órdenes directas para hacerla entrar en España y retenerla ilegalmente.