MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará a cinco mandos policiales en el marco de la causa en la que se investiga el chivatazo que recibió el 4 de mayo de 2006 el dueño del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, cuando se iba a llevar a cabo una operación contra el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA, informaron fuentes jurídicas.
Los primeros en prestar declaración como testigos serán el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y la jefa de la Sección de Análisis de este departamento, que ya han declarado en la causa, y que ofrecieron versiones contradictorias sobre los hechos investigados.
Ruz también ha citado para este martes, a petición de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián, para que explique su participación en la operación policial. Antes, en todo caso, el juez quiere aclarar si esta denominación corresponde al citado jefe de la Sección Operativa o a un policía al que se identifica en las actuaciones con el apodo de "Pinone" o "Pinote". Dos de sus subordinados declararon durante la instrucción que "conocía todas y cada una de las informaciones restringidas que se transmitieron" a Elosúa.
"RIESGOS POLÍTICOS"
Además, el magistrado va a tomar declaración al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José C., que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
Los otros dos comparecientes son el comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo García, y el subdirector del diario 'La Razón' y experto en Interior, Jesús María Zuloaga. El nombre del mando policial apareció en una conversación telefónica que el periodista mantuvo con el jefe superior de Polícia del País Vasco, uno de los tres imputados en la causa. En ella, el mando policial contaba a su interlocutor que Amo García le había pedido que le asignara unidades de intervención policial (UIP) porque, según indicaba, "los de Madrid iban a tirar, que será lo del 'Faisán'".
Ruz ordenó estas diligencias en dos autos dictados los días 24 de enero y 1 de febrero con los que ha reactivado la investigación y ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la causa por falta de autor conocido.
En la causa están imputados por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez) el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.
EL VÍDEO Y LAS LLAMADAS
El magistrado, además, ha solicitado al equipo de investigación que le detalle por qué existen cortes en el vídeo en el que se grabaron los movimientos registrados en la puerta del bar 'Faisán', así como una "certificación de la cadena de custodia" de esta cinta y la identificación de "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.
Ruz también ordenó la identificación de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, uno de los cuales pertenecía al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que desde la noche anterior a la delación hasta septiembre de 2006 intercambiaron llamadas con García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco.
Sin embargo, el pasado viernes el juez dictó un auto en el que decidía no llamar a declarar a Camacho, número 2 del Ministerio del Interior, al considerar que su testimonio "no es determinante" para el esclarecimiento de los hechos. Fundamenta esta afirmación en "la irrelevancia del tráfico de llamadas" investigado, que se puede achacar, a su juicio, a la "relación orgánica y funcional" que el secretario de Estado mantiene con sus interlocutores.
