Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 12/05/2010 10:39
BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Ley de los derechos y las oportunidades de la infancia y de la adolescencia, que aprobará hoy el Parlament y supondrá una inversión de 2,82 millones de euros anuales, agilizará los trámites para adoptar a niños tutelados por la Generalitat al limitar el plazo de los padres biológicos para recurrir las resoluciones administrativas ante los tribunales.
Los padres biológicos dispondrán de tres meses --un año de forma excepcional-- para recurrir las resoluciones de desamparo, que suponen separar al niño de la familia y otorgar la tutela a la Generalitat. Hasta ahora podían oponerse en cualquier momento, por lo que los expedientes de resolución judicial podían durar años, dificultando procesos como la acogida familiar y la adopción.
Asimismo, los familiares dispondrán de dos meses para oponerse a la acogida preadoptiva, que cuando sea firme hará innecesario el consentimiento de los padres biológicos para continuar con la adopción. Entre la preadopción y la adopción definitiva pasará como mucho un año y medio, frente a los tres o cuatro años actuales.
Según destacó en declaraciones a los medios la consellera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, Carme Capdevila, los plazos evitarán que la estancia de niños en centros residenciales "se eternice" por las "constantes oposiciones" de la familia biológica.
Por otra parte, la Generalitat prevé retornar la tutela a los padres de 1.136 menores víctimas de negligencias que la Administración está siguiendo, pese a que continúan viviendo con sus progenitores. La nueva normativa no los considerará 'desamparados', sino en 'situación de riesgo', de modo que la Conselleria podrá protegerlos sin necesidad de asumir su tutela. Los niños atendidos en familia propia ascienden a 1.146, un 14,1 por ciento de todos los tutelados.
ACOGIDA ESPECIALIZADA
La norma incorpora también la acogida familiar permanente --cuando el desamparo es definitivo pero el menor no quiere o no puede ser adoptado--, y la acogida especializada, en la que uno de los cónyuges será un profesional del ámbito educativo que se dedicará de forma exclusiva y remunerada al cuidado de niños con alguna discapacidad o enfermedad crónica, o de grupos de hermanos.
En referencia a los deberes y derechos de los menores, Capdevila subrayó que se les notificarán todas las resoluciones sobre su situación, y que a partir de los 12 años "podrán impugnarlas". En el caso de infractores de menos de 14 años, la Administración emprenderá acciones educativas y de mediación ante las víctimas.
CONTRA EL MALTRATADOR
En casos de abuso "será el maltratador quien abandone el domicilio en lugar de el niño", destacó Capdevila, quien explicó que a partir de ahora podrán retirar la tutela de un menor de forma preventiva durante 72 horas sin la necesidad de una autorización judicial.
Para atender a los menores que han sufrido malos tratos, la ley prevé la especialización y formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de los profesionales de la salud y de la educación. Asimismo, establece la creación de un registro unificado de malos tratos infantiles; de servicios de atención especializada para víctimas de abuso sexual, y de un centro de investigación sobre el maltrato infantil para dar voz a los niños, y el impulso de Mesas Territoriales de Infancia para coordinar la aplicación y coordinación de la norma en toda Catalunya.
DERECHO A SU MATERNIDAD
Además, se reconoce el derecho de las menores a decidir sobre su maternidad de acuerdo con la ley estatal sobre el aborto, y se establece la figura del procurador de la infancia para centralizar las quejas y solicitudes de niños y adolescentes tutelados.
La ley cuenta con una memoria económica para su despliegue progresivo durante tres años. Las medidas más urgentes se implantarán en un plazo máximo de dos meses, mientras que el resto se pondrán en marcha durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la norma.
Catalunya cuenta con 1,3 millones de niños y de adolescentes, de los cuales 8.110 están tutelados por la Generalitat --el 66 por ciento en familia natural o ajena, y el 34 por ciento en un centro--.