Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 19/08/2009 18:49
La Asamblea Local del Partido Popular en Castalla (Alicante) presentó el pasado lunes en el juzgado de Instrucción de Ibi (Alicante) una querella criminal contra el alcalde del municipio, el popular José Luis Prats Hernández, por un presunto delito de cohecho --acusado de otorgar licencias de obra a cambio de filiaciones al PP-- y otro de apropiación indebida, tal y como se desprende de la querella presentada a la que ha tenido acceso Europa Press.
La querella fue presentada por Juan Rico Rico, ex alcalde de Castalla, Juan Antonio Rico Mira, Francisco Guill Serrano, Juan José Durá Rico y Francisco Javier Vidal Jordá, "en nombre y representación del Partido Popular Asamblea Local de Castalla".
Así, acusan al alcalde de Castalla de "otorgar licencias de obras" en la urbanización 'Castalla internacional' a cambio de "cientos de filiaciones" al PP de vecinos de esta urbanización, con el objetivo de obtener su voto en las elecciones a la Presidencia de la Asamblea Local popular.
En la querella se recoge que el "futuro candidato a la Presidencia de la asamblea local del Partido Popular de Castalla" había comenzado a "otorgar licencias de obras" ha cambio de "cientos de filiaciones" al PP de vecinos de esta urbanización, "con el fin de obtener su posterior voto" en su candidatura en la asamblea local popular.
El escrito destaca además que, "extrañamente" y coincidiendo "con estas filiaciones, todas las semanas se otorgan varias licencias de obras a vecinos de esta urbanización".
De esta manera, aseguran que el alcalde aprobó la concesión para levantar un muro alrededor de una piscina", cuando "no está permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la construcción de piscinas en esta urbanización".
En la presentación de los hechos también se indica que estas filiaciones "fueron avaladas, como se exige, por dos afiliados, uno de los cuales era José-Lino Rico Rico --demandante-- que "dándose cuenta de lo que ocurría, revocó todos sus avales". Por ello, apuntan que el alcalde "tuvo que garantizar personalmente a todas y cada una de las nuevas filiaciones referidas".
APROPIACIÓN INDEBIDA
Sobre el presunto delito de apropiación indebida, el litigio señala que el alcalde no entregó a la Asamblea Local la cuota de filiación de 10 euros que los nuevos miembros del PP deben pagar para unirse al partido, por lo que "lo indebidamente apropiado" ascendería a "más de 2.000 euros".
También se destaca que "recientemente" el concejal de Obras y Servicios, Tomas Rico Pérez, presentó su dimisión al "intuir, todo este, presuntamente, ilegal trapicheo".