BRUSELAS, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra belga de Medio Ambiente, la liberal francófona Marie-Christine Marghem, ha advertido este viernes de que si finalmente la Audiencia Nacional solicita a Bélgica la extradición del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, el proceso puede alargarse pero "no hay nada que hacer" y deberá ser entregado "en un plazo de 60 días".
Si las autoridades judiciales españolas solicitan la extradición de Puigdemont y éste se opone, ha explicado la ministra a la radio RTBF, "habrá un debate judicial en Bélgica y Bélgica deberá entregarlo en un plazo de 60 días, no hay nada que hacer".
Marghem ha advertido de que no hay una posición "unida" al respecto de la crisis política en Cataluña en el Gobierno de coalición belga, del que forman parte cuatro partidos, incluido el de los liberales francófonos al que pertenecen ella y el primer ministro, Charles Michel, y los nacionalistas flamencos de la N-VA, principal fuerza votada en las últimas elecciones.
Así las cosas, la ministra ha ofrecido su opinión "como jurista" y "como política", razón por la que ha apostado por el diálogo y la vía política para resolver la crisis catalana, pero ha dejado claro que ello no le impide reconocer que España es "un país soberano, europeo, dotado de una Constitución y leyes votadas democráticamente".
Ante un caso similar, ha dicho la ministra, Bélgica no habría optado por un "arsenal jurídico" como el que se ha puesto en marcha en España, pero "no podemos, en ningún caso, interferir en asuntos de un país soberano".
"La justicia del país, que yo sepa, hay que recordarlo, funciona sobre bases democráticas que deben ser respetadas", ha recalcado. En este contexto, la ministra ha indicado que le corresponderá a las autoridades judiciales belgas "examinar el caso", pero que "hay convenciones internacionales con España" que se deben respetar y apuntan a la entrega de las personas perseguidas por una orden europea de búsqueda, captura y entrega.
"Hay que ejecutar las convenciones a las que estamos ligados con un país europeo, en el seno de la UE, y que es un país que funciona de manera democrática", ha ahondado.
"La posición de todo jurista y de todo europeo debe ser que no podemos intervenir en la soberanía nacional de un país. Debemos respetar las leyes y la Constitución de ese país, tratar de que las cosas pasen lo mejor posible en nuestras jurisdicciones", ha añadido.
Marghem se ha querido distanciar, además, de las declaraciones del secretario de Estado, Theo Francken, que la semana pasada abrió la puerta a un posible asilo para Puigdemont, y del ministro presidente de Flandes, Geert Bourgeois, que este jueves consideró que la prisión decretada para parte del exGovern es "ir demasiado lejos".
"Las pequeñas declaraciones de unos y otros para demostrar que están ahí no me van a obligar a decir tonterías", ha zanjado al respecto, para después descartar que pudiera prosperar la petición de asilo de un ciudadano de otro Estado miembro de la UE.
Esa solicitud "no tendría efecto", ha explicado", porque "sabemos muy bien que no hay riesgo para su vida, ni para su integridad física" en su país de origen.
