Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 20/11/2009 12:32
El Gobierno marroquí ha ofrecido a la activista saharaui en huelga de hambre en España tras ser expulsada del Sáhara Occidental, Aminetu Haidar, que acuda a un consulado del reino alauí para solicitar un nuevo pasaporte marroquí, ha informado el Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Así se lo comunicó el jefe de la diplomacia marroquí, Taieb Fassi Fihri, a su colega español, Miguel Angel Moratinos, durante un encuentro que mantuvieron con motivo de la visita a Marruecos de los Príncipes de Asturias para inaugurar el Instituto Cervantes de Rabat.
En caso de que no obtuviera un nuevo pasaporte, el Gobierno español "está dispuesto, si la señora Haidar lo solicita, a concederle el estatuto de refugiada lo antes posible, y a documentarla como tal para que pueda obtener un título de viaje", precisó el departamento que dirige Moratinos en un comunicado.
Moratinos mostró a Fassi Fihri su "preocupación" por la situación de Haidar, que protesta contra su expulsión y envío forzoso a España, país en el que tiene tarjeta de residencia. El ministro marroquí informó a su colega español de que la activista había usado en los últimos años un pasaporte marroquí y cumplido con los trámites administrativos de entrada, que en esta última ocasión no los siguió.
La versión de las autoridades marroquíes difiere de la que sostiene Haidar, que asegura que lleva desde 2006 cumplimentando las tarjetas de desembarque de la misma manera, sin identificarse como ciudadana marroquí e indicando que su domicilio se encuentra en Sáhara Occidental.
Según Amnistía Internacional, Haidar fue interceptada por agentes de seguridad a su llegada al aeropuerto de El Aaiún el 13 de noviembre de 2009 tras haber pasado un mes de viaje en el extranjero. Los agentes se fijaron de forma especial en que en la tarjeta de desembarque figuraba que su domicilio está en Sáhara Occidental en lugar de "Sáhara marroquí".
Los agentes procedieron a interrogarla sobre sus creencias políticas y actividades en materia de Derechos Humanos, qué había hecho durante su viaje en el extranjero y quién lo había pagado, y sobre el tratamiento médico que había recibido en España.
Al cabo de unas horas, la obligaron a enfrentarse a un pariente y otras personas saharauis que intentaron disuadirla para que dejase de luchar por la autodeterminación del pueblo de Sáhara Occidental, "cosa que ella rehusó hacer", tras lo que se le pidió que firmara una declaración policial en la que renunciaba a la nacionalidad marroquí y se le confiscaron el pasaporte y otros documentos de identificación, emitidos por las autoridades marroquíes.
A la mañana siguiente, los agentes le dijeron que la pondrían en libertad si reconocía públicamente la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental. Ella se negó a hacerlo y horas más tarde la subieron a un vuelo con destino a Lanzarote.
TRASLADO LEGAL
El Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha explicado hoy en la misma nota que la compañía aérea que trasladó a Haidar, Canary Fly, se vio "obligada a retornarla cumpliendo con la normativa internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional" y del espacio europeo sin fronteras Schengen.
Un portavoz de la compañía informó ayer a Europa Press de que a diario ciudadanos marroquíes con tarjeta de residencia en España vuelan desde El Aaiún a España con la tarjeta como único documento identificativo, ya que así lo autoriza la Policía Nacional.
Exteriores ha reiterado hoy que el Gobierno español "no tiene competencia sobre la decisión de terceros estados de rechazar la entrada en su territorio, ni tampoco sobre la de las compañías aéreas que aplican las normas internacionales". No obstante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Marruecos es firmante, prohíbe a un Estado expulsar de su territorio a un nacional, como ha recordado la secretaria de Relaciones Internacionales y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano.
La decisión de aceptar la entrada en territorio español de Haidar tras su rechazo en el aeropuerto de El Aaiún, añade la nota de Exteriores, "se fundó" en que tiene una autorización de residencia en España en vigor hasta el 21 de enero de 2010, y en aplicación de las circunstancias excepcionales previstas en la Ley de Extranjería. "Es la única decisión en este caso que compete a las autoridades españolas", señala el comunicado.
Exteriores concluye señalando que este caso "vuelve a mostrar la imperiosa necesidad de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable para las partes" en torno al contencioso del Sáhara Occidental que respete "el derecho a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas", una posición que cuenta con el "apoyo unánime de todas las fuerzas políticas".