MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se ha congratulado por la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y ha destacado que su etapa al frente de este departamento ha constituido "un incuestionable trieno negro" caracterizado por "un recorte de los derechos de la ciudadanía en el uso del servicio público de la Administración de Justicia".
El colectivo, que ha recordado que ya pidió el cese del ministro en 2012 tras la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales y la "absoluta paralización en la modernización" del sector, ha señalado en un comunicado que la etapa de Gallardón como ministro de Justicia ha dificultado "el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" y ha supuesto "una progresiva pero imparable privatización" de sus estructuras.
"Ruiz-Gallardón se ha caracterizado por una absoluta falta de diálogo no solo con los sectores que nos hemos opuesto frontalmente a sus políticas, sino incluso con quienes se han atrevido a cuestionar su actuación", ha apuntado SISEJ antes de recordar que el titular de Justicia saliente tardó "más de dos años en reunirse con los secretarios judiciales críticos con la gestión de su gabinete, dispensando un trato de favor a quienes han aprobado sus políticas, como sucedió con las tasas judiciales".
REFORMAS DESDE LA MAYORÍA ABSOLUTA
En este sentido, el sindicato considera que Gallardón "deja a sus espaldas un sinfín de reformas impuestas bajo la mayoría absoluta parlamentaria" del Partido Popular (PP), como la Ley de Tasas, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la privatización del Registro Civil, la Ley de Justicia Gratuita o la modificación del Código Penal.
También ha apuntado que en otros anteproyectos y proyectos de ley que se encuentran en tramitación, como los de Demarcación y Planta Judicial, la Jurisdicción Voluntaria o el Código Procesal Penal, "solamente ha escuchado a aquellos sectores que le han apoyado sin fisuras".
El exministro también ha puesto de manifiesto durante estos años "una verdadera insensibilidad social" en materias como la legislación hipotecaria, "cuyas pésimas reformas merecieron la enmienda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", así como en la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana o la de reforma del aborto.
