- Barberá dice que los derribos están "amparados por la ley" y cree "ejemplar" la labor de la Policía Local
A CORUÑA/VALENCIA, 7 Abr. (OTR/PRESS) -
La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, aseguró este miércoles, respecto al derribo de varios inmuebles en el barrio de El Cabanyal, que le parece "triste" que los valencianos estén gobernados "por una alcaldía que no quiere proteger su patrimonio, que tiene tantísimo potencial". A estas declaraciones respondía más tarde la alcaldesa de la capital del Turia, Rita Barberá, quien dijo que los derribos están "amparados por la ley" y cree "ejemplar" la labor de la Policía Local.
A preguntas de los periodistas, coincidiendo con la visita institucional que realizó al Ayuntamiento de A Coruña, González-Sinde indicó que el Ministerio recibe "constantemente" peticiones de apoyo "a la conservación y el aumento del patrimonio histórico en todas las ciudades de España, salvo en Valencia". Por ello afirmó que le parece "triste para los valencianos" que estén gobernados "por una alcaldía que no quiere proteger su patrimonio que tiene tantísimo potencial, sino que lo que quiere es derribarlo y destruirlo en vez de construir".
Al respecto, se mostró "más partidaria" de las propuestas "constructivas que de las destructivas". "Hay quienes estamos preocupados por propuestas de conservación de patrimonio y creemos firmemente que son vías de desarrollo económico para las ciudades y los pueblos de España", señaló González-Sinde, quien calificó la cultura y el patrimonio como "una inversión muy importante en el cambio de modelo económico".
Ante estas declaraciones Barberá, aseguró que los derribos llevados a cabo en El Cabanyal --dentro del desarrollo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este barrio-- están "amparados por la ley", según dijo, "por toda la legalidad", al tiempo que señaló que su equipo seguirá trabajando "de acuerdo con la ley".
En este sentido, consideró que la actuación que el martes realizó la Policía Local para garantizar estas demoliciones fue absolutamente ejemplar". Del mismo modo, criticó la actitud de la administración central respecto a El Cabanyal, ordenando a través del Ministerio de Cultura la paralización del PEPRI por considerar que supone expolio, sin respetar las competencias de la Comunitat, precisó.
Dijo que el Gobierno "se ha excedido más allá de sus límites" en este sentido, dado que "no tiene nada que decir en la zona no BIC" de este barrio. Igualmente, estimó que el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, que ha remitido un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia para que "dé cumplimiento a la orden del Ministerio de Cultura", "debe cumplir y hacer cumplir la ley", en este caso la autonómica que ampara el PEPRI.
Barberá destacó que esta norma "tiene mayor rango que la orden ministerial" para paralizarlo. Aseveró que los derribos de ayer se hicieron "amparados por la ley" y explicó que se acometieron "el primer día" en que entró en vigor la ley aprobada por las Corts para respaldar el PEPRI, tras publicarse la pasada jornada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Señaló que estaba "programado" realizarlos "en el primer momento" en que esta norma tuviera vigencia, por lo que criticó a quienes han apuntado que las demoliciones se hicieron coincidir con el levantamiento del sumario del caso Gürtel para desviar la atención de este asunto. Agregó que el levantamiento, previsto para el lunes, se retrasó finalmente y que se hizo ayer, por lo que dijo que la coincidencia de estos dos hechos ha sido "casualidad".
HAY VECINOS "ENCANTADOS"
La responsable municipal comentó que tiene "referencia directa" de que hay vecinos de El Cabanyal que "están encantados", "en su gran mayoría", de que se desarrolle el PEPRI porque "lo ven avanzar". Igualmente, apuntó que además de contar con el respaldo de la ley, los derribos están avalados por el propio plan, "aprobado en todos sus trámites administrativos", "por las licencias de derribo" y "por varias resoluciones judiciales".
Entre estas últimas citó las "doce" sentencias que lo respaldan, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y del Tribunal Supremo, y "dos de ayer", dijo. Recordó que estas últimas son las emitidas para rechazar la petición hecha por Salvem El Cabanyal y la Delegación del Gobierno de paralizar "cautelarísimamente" los derribos.
Barberá, que sostuvo que de este modo "se reconoció la legalidad" de estos trabajos, indicó también que las demoliciones cuentan con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Valencia. Aludió, en este sentido, al acuerdo plenario, aprobado por el PP y el PSOE valenciano, para no hacer derribos en la zona declarada BIC, "en tanto en cuento los tribunales de justicia se pronuncien" al respecto.
EUPV EXIJE RESPONSABILIDADES
Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida y diputada autonómica, Marga Sanz, reclamó al delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, "que abra un expediente informativo" para "exigir responsabilidades y depurarlas" en relación a la actuación ayer de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el transcurso de las protestas que registraron en el barrio de El Cabanyal por las actuaciones de derribo.
También informó de que el coordinador de la formación a nivel nacional, Cayo Lara, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que expresa su "más enérgica queja" por la actuación policial y le pregunta "por qué no se utilizan las fuerzas del orden público para defender la legislación que su gobierno promueve, en vez de ponerlas a disposición de oscuras razones".
Precisamente, el titular del juzgado de Instrucción número 12 de Valencia acordaba este miércoles dejar en libertad provisional a los dos detenidos por resistencia a la autoridad, después de que el martes subieran a un tejado para evitar el derribo de una vivienda ubicada en la calle Vidal de Cañelles, en el barrio valenciano del Cabanyal.
La detención de estas dos personas se produjo tras considerarlas presuntas autoras de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, precisó la Jefatura Superior, quien indicó que tienen entre 20 y 30 años de edad.
