En su última comparecencia parlamentaria, hace apenas tres semanas, escenificó su ruptura con el Ejecutivo
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general el Estado, Eduardo Torres-Dulce, hizo públicas el pasado 26 de noviembre en sede parlamentaria sus diferencias con el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante una comparecencia en la que llevaba concienzudamente preparada su respuesta ante las tensiones evidenciadas por la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.
Durante dicha comparecencia, Torres-Dulce afirmó que no se le podía decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos "Bolinaga" y "Matas".
En relación con la querella en Cataluña, su preparación fue contada paso a paso en los medios evidenciando las diferencias entre el Gobierno y la Fiscalía General en cuanto a los tiempos de presentación de la misma . Finalmente fue impuesta a los fiscales de Cataluña, cuya Junta manifestó que no veía motivos legales para presentarla.
Sobre este asunto, Torres-Dulce dijo en el Congreso que actuó en todo momento siguiendo criterios jurídicos y cumpliendo estrictamente con lo que señala el Estatuto Fiscal en lo relativo al proceso que se siguió con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala.
"No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito", ha afirmado, para añadir: "Si tengo que sostener posición contraria al gobierno la sostengo".
Torres-Dulce negó presiones y recordó su respuesta clara" el mismo día que la líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho anunciaba la querella que esa no era la realidad de la Fiscalía en esos momentos y que los tiempos mediáticos no eran los tiempos del Ministerio Fiscal.
Insistió, ante las preguntas de los diputados sobre este asunto, en que su actuación se ha adoptado atendiendo exclusivamente a criterios de estricta legalidad contemplados en el artículo 124 de la Constitución y "autónomamente" y "sin ningún tipo de injerencia".
Incluso llegó a advertir podría haber avocado hacia sí mismo el despacho de este asunto concreto, puesto que el Estatuto se lo permitía, o haber designado a un fiscal ajeno al TSJ de Cataluña, si bien no hizo nada de eso, dando inicialmente libertad absoluta a los fiscales catalanes para valorar los hechos.
Por ello, manifestó en un duro tono que no podría admitir que se diga que su Fiscalía funciona "a golpe del principio de dependencia jerárquica" y que en este asunto podría decir que actuó, ordenando diligencias el 8 de noviembre incluso cuando en ese momento el Gobierno por boca del ministro de Justicia afirmaba que no habría irregularidad si en la convocatoria no participaba la Generalitat.
