Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 08/11/2009 12:35
MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere eliminar de la Constitución la especial "protección y respeto" a la pluralidad lingüística que establece el artículo 3.3 de la Carta Magna e incluir la lengua como elemento de no discriminación, equiparable al racismo.
Así se recoge en la ponencia política que se debatirá en el primer Congreso que la formación que actualmente lidera Rosa Díez celebrará los próximos 20, 21 y 22 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press.
En dicho texto, UPyD aboga por suprimir el artículo 3.3 de la Carta Magna, que reza que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas será objeto de especial respeto y protección", y por incluir la palabra "lengua" en el artículo 14, de forma que los españoles no puedan ser discriminados por razón de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, pero tampoco por la lengua.
La ponencia de UPyD también contempla la necesidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución encaminada, entre otros asuntos, a que el Estado asuma las competencias referidas a la representación internacional, la educación y la legislación que afecta a sanidad, medio ambiente, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, y a estudiar una reforma del Senado para que se convierta en una "verdadera" Cámara de representación territorial.
URGE LA REFORMA DE LA LOREG
Respecto al artículo 2 de la Constitución sobre la unidad nacional y autonomía de las nacionalidades y regiones, UPyD propone sustituir nacionalidades y regiones por "comunidades autónomas y ciudades autonómicas". Asimismo, propone eliminar la cooperación con la Iglesia Católica y la demás confesiones, dejando claro que ninguna de debe tener carácter estatal.
Este apartado de reforma de la Constitución ha recibido 133 enmiendas por parte de los afiliados, que consideran necesario crear una comisión auditora independiente que se encargue de valorar los cambios más apropiados del texto constitucional.
Además, UPyD hace de la reforma del sistema electoral una materia "básica y esencial" dentro de su programa político proponiendo aumentar el número de diputados de 350 a 400, que el número mínimo inicial de diputados por provincia pase de dos a uno y sustituir el sistema D'Hondt por alguno más proporcional. Además, plantea la desaparición de la provincia como circunscripción electoral buscando una fórmula mixta de circunscripción entre la comunidad autónoma y la circunscripción única.
Otra de las reformas fundamentales que defiende UPyD es la de la Justicia, donde vuelve a proclamar la necesidad de un gran pacto que, entre otras cuestiones, contemple un moderno mecanismo de gestión documental, busque un sistema de indicadores para medir las cargas judiciales y reflexione sobre el "enorme" gasto y la "preocupante" descoordinación que está suponiendo la descentralización de la justicia.
AMPLIAR EL TC Y ELEGIR POR CONSENSO AL FISCAL
En este apartado, UPyD insiste en la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, pide ampliar de 12 a 15 el número de magistrados del Tribunal Constitucional para evitar los empates y descargar del "excesivo" trabajo a sus integrantes y plantea el mismo método de designación para que el fiscal general del Estado que se sigue para el Defensor del Pueblo.
La formación que lidera Rosa Díez también reivindica un pacto de Estado de Educación que parta del reconocimiento de los profesores como "los verdaderos expertos" en materia educativa. Además, pide devolver esta competencia al Estado y que, en los territorios bilingües, se garantice el derecho de a la escolarización en la lengua de elección y el aprendizaje adecuada de ambas lenguas oficiales.
Además del fomento de la educación no universitaria mediante un bachillerato "sólido" y una formación profesional que permita el acceso a estudios superiores y la adaptación del sistema de créditos europeos, UPyD plantea crear una Ley de Financiación de la Enseñanza que dote al sistema educativo y de investigación de más medio humanos y materiales.
A este apartado, los afiliados proponen que se amorticen los centros educativos públicos, que se reduzca la rotación del profesorado, que se incremente la presencia del inglés y que se promueva una educación pública desde los 0 a los 3 años.
JUBILACIÓN POR ENCIMA DE LOS 65 AÑOS
En materia económica, la ponencia plantea una ampliación de la vida laboral por encima de los 65 años, una propuesta que los afiliados han cuestionado en sus enmiendas, en las que defienden que ésta sea voluntaria.
Del mismo modo, persigue una rebaja de las cotizaciones sociales de las empresas compensando a la Seguridad Social esta caída de la financiación vía Presupuestos a través de un aumento del IVA y de impuestos especiales, y penalizar las prejubilaciones a través de un impuesto, que pagarían las empresas, cuya cuantía sería equivalente a la retribución anual del trabajador prejubilado.
Asimismo, propone aumentar la vigilancia sobre el sector financiero en lugar de promover "de manera indiscriminada" las fusiones entre entidades, reclama la reforma urgente de la Ley de órganos de representación en las cajas de ahorro (LORCA) para reducir la participación de las administraciones en sus órganos de gobierno, y plantea la eliminación de "la dualidad" del IRPF para incrementar su progresividad y potenciar el control "de todo tipo de rentas", incluyendo las del ahorro.
UPyD reclama, entre otros aspectos, un cambio del régimen fiscal del País Vasco, Navarra y Canarias para "corregir sus deficiencias" e incorporar a estas regiones los mecanismos de solidaridad interterritorial, complementar la energía nuclear con las renovables, restaurar el mercado interior y favorecer la financiación pública en I+D.
A todas estas cuestiones, los afiliados de UPyD han añadido la necesidad de dar más apoyo a las pymes y autónomas y más protagonismo en el sistema económico a sectores primarios como la agricultura o la pesca