Aumenta el servicio de guardia y la solicitud de justicia gratuita en 2015

Actualizado 27/03/2016 16:26:56 CET

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Los servicios de guardia del Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP) realizaron un total de 8.363 asistencias en 2015, un 14,9% que en 2014. También aumentaron un 13,28% las solicitudes de justicia gratuita según los datos que figuran en la Memoria del MICAP correspondiente a 2015.

   Esta memoria revela también que los expedientes electrónicos han experimentado un "gran incremento" al pasar de los 1.022 gestionados en 2014 a 2.873.

   En un comunicado, la nueva presidenta de la Comisión del Turno de Oficio, María Josefa Urteaga, ha destacado que "solo gracias al buen funcionamiento y organización del MICAP es posible dar una atención eficaz a una demanda tan elevada".

   Según los datos que figuran en la Memoria del MICAP, de las 8.363 asistencias prestadas por los servicios de guardia colegiales, 5.543 correspondieron al Servicio de Asistencia al Detenido, atendido el año pasado por 141 abogados.

   El Servicio de guardia de atención al menor, del que formaron parte 98 abogados que diariamente asistieron a los menores en los asuntos penales en los que pudieron estar imputados, atendió en 2015 un total de 619 asistencias, 11 durante los Sanfermines.

   Por su parte, el Servicio de guardia de extranjería contó con 61 abogados que atendieron 170 asistencias, 20 de ellas en San Fermín. Es un servicio abierto a los extranjeros detenidos tanto por cuestiones relacionadas con la Ley de Extranjería como con órdenes de expulsión o asuntos penales en los que pudieran estar imputados.

   Además, el Servicio de guardia de juicios rápidos en Pamplona, que se encarga de asesorar y defender a los ciudadanos citados a un juicio rápido que acudan sin abogado, prestó 722 asistencias el año pasado, incluidas las 80 realizadas durante las fiestas de la ciudad. Está atendido por 137 letrados. Por su parte, el Servicio de atención al detenido y juicios rápidos en el partido judicial de Aoiz, dependiente del MICAP, efectuó 477 asistencias.

   En cuanto a los 12 abogados adscritos al Servicio de orientación jurídica penitenciaria, en 2015 realizaron 2.981 asesorías a los internos de la prisión provincial, tramitaron 1.327 casos penitenciarios y 172 justicias gratuitas, resultando especialmente significativo el aumento que existe en asuntos como comunicaciones, permisos, clasificaciones y sanciones.

   El Servicio de Asistencia a la Mujer (SAM), que por su naturaleza difiera de los anteriores al no tratarse de personas imputadas, integró en 2015 a 41 abogados y realizó 1.309 actuaciones para las 374 mujeres asistidas, ya que para cada mujer puede realizarse más de una.

   Además de los servicios de guardia especializados, el MICAP cuenta con listas de letrados adscritos a diferentes turnos de oficio generales, divididos según jurisdicciones y materias. Un total de 241 letrados pertenecen a estos servicios de guardia y turnos de oficio, lo que supone un 21,54% del censo de abogados ejercientes residentes del MICAP, un porcentaje que prácticamente iguala al de los abogados que formaban parte de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 2014 (22,47%). Los turnos corresponden a las ramas Penal, Civil, Laboral, Contencioso-Administrativo, Matrimonial y de Familia, Menores, Extranjería, Penitenciario y Concursal.

   Desde el MICAP han destacado que a raíz de los 7.110 expedientes de Justicia Gratuita registrados, y de las 6.852 asistencias a ciudadanos que se llevaron a cabo el pasado año, solo se presentaron 98 quejas por parte de los usuarios de este servicio, de las que 47 fueron archivadas posteriormente, resultando incoado expediente disciplinario únicamente en ocho casos.

   Asimismo, durante el año 2015 fueron gestionados 2.873 expedientes electrónicos por el Colegio de Abogados de Pamplona, frente a los 1.022 tramitados en el 2014 (un 64,42% más).

   La Ley de Asistencia Jurídica gratuita establece un requisito económico objetivo para poder acceder al Abogado de Oficio, que es el que la unidad familiar del solicitante no supere el doble del salario mínimo interprofesional del año en el que se efectúa la solicitud.

   "Esta cantidad, teniendo en cuenta la situación económica que atravesamos, y la aprobación de la Ley de tasas judiciales, ha supuesto el incremento de la población que puede acogerse al beneficio de la justicia gratuita", han apuntado desde el MICAP.

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