WELLINGTON, 24 Sep. (Reuters/EP) -
El Primer Ministro de Nueva Zelanda, John Key, ha puesto en marcha una investigación sobre la "ilegalidad" del espionaje por parte de agentes del Gobierno que llevó al arresto de Kim Dotcom. El fundador de Megaupload está luchando contra su extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos por violar los derechos de autor y por piratería.
La investigación supone otro golpe para el caso en Estados Unidos. Un tribunal de Nueva Zelanda dictaminó en junio que las órdenes de búsqueda utilizadas en el asalto a casa de Dotcom, solicitadas por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, eran ilegales.
Key ha pedido a la Inteligencia del Gobierno neozelandés y a su división de Seguridad que investiguen las "circunstancias de interceptación ilegal de las comunicaciones de ciertos individuos por parte del Departamento de Seguridad y Comunicación del Gobierno", dijo su oficina en un comunicado el lunes.
El portavoz de Key no quiso hacer comentarios sobre si las "ciertos individuos" se refería a Dotcom, a sus tres colegas también arrestados, o a todos ellos.
"El departamento había conseguido información en algunos casos sin autoridad legal", dijo el comunicado de Key.
Las autoridades de Nueva Zelanda detuvieron a Dotcom y a sus colegas en su casa de campo alquilada cerca de Auckland en enero. Además, confiscaron ordenadores y discos duros, obras de arte y automóviles.
El FBI acusa a Kim Schmitz de liderar un grupo que consiguió 175 millones de dólares (134,8 millones de euros) desde 2005. Según afirma, lo obtuvo mediante la copia y distribución de música, películas y contenidos con derechos de autor y sin autorización.
"Doy la bienvenida a la investigación por (Key) en actos ilegales de la GCSB", dijo Puntocom en su cuenta de Twitter.
Puntocom sostiene que el sitio Megaupload no era más que una instalación de almacenamiento en línea, y ha acusado a Hollywood de ejercer presión sobre el Gobierno de los Estados Unidos.
La incautación y la recogida de pruebas en su casa ya ha sido declarada ilegal. Un tribunal ha dictaminado que Puntocom se debe permitir ver las pruebas en que se basa la audiencia de extradición.
Las autoridades estadounidenses han apelado contra esa decisión, y la decisión está pendiente.
