MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado ha aprobado el Proyecto de Ley de Montes tras rechazar los vetos y enmiendas presentados por los grupos de la oposición mediante el voto en contra del PP y la abstención de CiU.
Tanto los vetos como las enmiendas serán discutidas y votadas en el pleno de la Cámara Alta del próximo martes. Hasta entonces, los grupos parlamentarios Popular y Socialista han expresado su voluntad de diálogo y su disposición a pactar o transaccionar algunas enmiendas de modo que se puedan incorporar al texto definitivo.
Durante la comisión, el senador socialista Miguel Fidalgo, ha confirmado el rechazo de su grupo a este proyecto de ley que es "uno más en la hoja de ruta antiambiental del Gobierno" y ha defendido que la ley en vigor "resuelve mejor las cuestiones que la reforma legislativa plantea".
Para el senador, el aprovechamiento del monte puede ayudar a mejorar la calidad de vida del medio rural y a mantener la biodiversidad y ayudar a la lucha contra el cambio climático, pero, en su opinión, al Ejecutivo no le preocupa el desarrollo del sector sino "buscar nichos de negocio especulativo", igual que se hizo con las oportunidades para aprovechar la costa.
Respecto a los agentes forestales, a Fidalgo le supone una "cuestión de preocupación" y ha elogiado su labor independiente de policía judicial que todos destacan y respetan, pero que con el nuevo texto este cuerpo de funcionarios queda "maltratado".
Además, ha exigido que se retiren "todas las cuestiones referidas" a la incorporación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura (que el gobierno justifica en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional).
En definitiva, opina que el PP "se lo debe repensar" y reflexionar sobre las enmiendas tanto del PSOE como de otros grupos que puedan mejorar el texto del Proyecto de Ley. Entre otras consideraciones, ha insistido en que para llegar a acuerdos, para su grupo es "fundamental" que se retiren las enmiendas que hace referencia al trasvase Tajo-Segura, así como las referencias que se refieren a las prohibición de recalificar los terrenos incendiados porque "no se debe abrir la puerta a excepciones" y mantener el estatus de policía judicial a los agentes forestales.
Mientras, el senador de Entesa Catalana per Progress de Cataluña (EPC) Joan Saura Laporta ha subrayado que el hecho de que "todos los colectivos afectados" tales como ONG, ingenieros, biólogos, agentes rurales o sindicatos estén "en contra" debería hacer pensar al Gobierno que esta ley será modificada en el futuro y, por tanto se perderá eficacia desde el punto de vista de la gobernanza.
En su opinión, la declaración de intenciones de la ministra Isabel García Tejerina respecto al texto "chocan con el contenido" de la ley. En concreto, ha cuestionado que el proyecto elimine la necesidad de los planes de gestión en montes privados y que amplíe hasta 25 años el plazo para realizarlos en los casos en los que se requiere, al tiempo que advierte de que los agentes forestales quedarán "peor protegidos".
A su juicio, detrás de un mensaje de modernización, lo que hay es un gran retroceso: se va a gestionar menos superficie y en más tiempo y además, se abre de forma excesiva la posibilidad de actividades económicas. En su justificación de la presentación de veto y apoyo al resto de los vetos de otros partidos, ha concluido que el proyecto también "choca de frente" con las recomendaciones dadas por la Unión Europea.
Mientras, la senadora de Amaiur Amalur Mendizabal ha mostrado su desacuerdo con el proyecto porque, en su opinión, "no aporta nada en positivo" y se "entromete en las competencias" autonómicas para reforzar las estatales, algo que para la senadora va "en sentido contrario a las competencias que tiene Euskal Herria".
También se opone a que se "rebaje a meros auxiliares" a los agentes forestales en la investigación de delitos forestales y a la "privatización" del esclarecimiento de incendios y califica de "muy peligroso" que se levante el veto a la prohibición de construir en terrenos quemados durante 30 años en beneficio del interés general prevalente, algo que define como "concepto ambiguo y expuesto a amiguismos". "Rechazamos de plano el planteamiento", ha apostillado.
En definitiva, ha resumido que para su formación el proyecto no mejora la ley actual sino que la empeora en aspectos básicos de protección ambiental y ha exigido su retirada inmediata.
El senador de CiU Pere Maluquer, cuyo grupo se ha abstenido en la votación, ha expresado que la Ley de 2003 era "mala" y ha pedido "entrar en el fondo", al tiempo que ha reconocido la "buena disposición del PP en el Congreso" para dialogar.
El representante del Partido Aragonés José María Fuster ha retardado su postura hasta el pleno y ha mostrado su desacuerdo con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el trasvase Tajo-Segura.
Por el contrario, el portavoz del PP en la Comisión Vicente Aparici ha argumentado que las explicaciones de los grupo a los vetos les llevan a votar en contra porque los argumentos "no se sostienen con la lectura del texto". Asimismo, ha defendido que la ley en vigor ha visto traspasados "todos" los temas de desarrollo sostenible y cambio climático, que sí se incorporan en el proyecto de ley.
Aparici ha asegurado que no se produce ninguna rebaja a los agentes forestales sino que se trata de un texto "equilibrado y que ha obtenido alto grado de consenso en las comunidades autónomas en el sector forestal.
En esta línea, su compañera de grupo parlamentario la senadora Marina Moya ha defendido el proyecto de Ley que se refiere a más de 27 millones de hectáreas y a más del 54 por ciento de la superficie del país.
A su juicio, el proyecto mejora la definición y la gestión de los montes que son una "parte esencial del medio rural" y cuyos problemas "repercuten en la gente que vive en este entorno", por lo que hay que "revitalizar" estas zonas, haciendo del monte un "medio de ingresos" que pueda suponer fijación de la población rural.
En este sentido, ha agregado que la ley modifica aspectos susceptibles de mejora como la protección de la biodiversidad, los incendios forestales, el aprovechamiento de los recursos y la gestión sostenible e incorpora medidas para combatir la tala ilegal.
Finalmente, ha afirmado que la ley no se entromete en las competenecias autonómicas sino que, precisamente, busca "mantener la autonomía de éstas para su aplicación y desarrollo". Respecto a la prohibición del uso de terrenos forestales incendiados, ha defendido que queda "perfectamente clarísimo" en la Ley que así será, al igual que "en ningún lugar" el texto cambia ni las funciones ni las obligaciones de los agentes forestales sino que mejora la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
