La Ley de la Dehesa supera el debate a la totalidad tras rechazar PSOE las enmiendas de PP e IU

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de la Dehesa, marco regulador para asegurar la conservación y la viabilidad económica de este sistema único en Europa de explotación sostenible de los recursos agroganaderos y forestales, que en Andalucía ocupa 1,25 millones de hectáreas (la mitad del total nacional), superó hoy el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento tras rechazar el PSOE las respectivas enmiendas a totalidad planteadas por PP-A e IULV-CA. El texto proseguirá su tramitación en comisión, donde los grupos políticos podrán plantear enmiendas parciales.

La futura ley integrará las distintas normativas autonómicas que regulan los usos y aprovechamientos desde perspectivas sectoriales (agraria, forestal y ambiental) para hacerlas totalmente compatibles, de acuerdo con un modelo de gestión única.

Con ello se simplificarán unos procedimientos administrativos ahora fragmentados y se facilitará la relación de los titulares de las explotaciones con la Administración. En la misma línea, se introduce como novedad destacada la creación de servicios específicos de asistencia técnica a la dehesa, según explicó la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, durante la presentación del proyecto de ley ante el Pleno del Parlamento.

Entre otros instrumentos de protección, gestión y promoción, el proyecto establece la elaboración de un plan director de ámbito general, con una vigencia de 20 años y revisiones intermedias cada cinco. Este documento incluirá un diagnóstico y un análisis de nuevas posibilidades de uso que mejoren la rentabilidad de las producciones de las dehesas, así como medidas para hacer frente a sus principales amenazas (el decaimiento de su arbolado y la crisis de los mercados ganaderos, entre otros) y para revalorizar la singularidad ambiental, social y cultural de estos territorios.

A este marco general se ajustarán los denominados planes de gestión integral que podrán desarrollar los titulares de las explotaciones. Estas iniciativas tendrán carácter voluntario, si bien su realización se considerará como criterio prioritario en el acceso a las ayudas públicas, tanto agrarias como ambientales. Con una duración de cinco años prorrogables, su aprobación supondrá la autorización efectiva de todos los aprovechamientos y trabajos forestales, agrícolas y ganaderos que durante ese periodo se lleven a cabo en la dehesa.

Junto con las explotaciones que tengan planes de gestión, la ley también concederá prioridad a las dehesas ubicadas en espacios naturales protegidos y a aquellas que incorporen producciones integradas o de ganadería ecológica. Para acceder con carácter general a los incentivos y medidas de apoyo será necesaria la inscripción en el Censo de Dehesas de Andalucía, de nueva creación.

El desarrollo de las medidas previstas contará con la coordinación y el apoyo de dos órganos de nueva creación. El primero de ellos, la Comisión Andaluza para la Dehesa, integrada por representantes de las consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, se encargará de coordinar los trabajos del Plan Director, proponer medidas de protección y fomentar actividades de investigación, formación, divulgación y participación social, entre otras funciones.

El segundo, denominado Centro Andaluz de Investigación de la Dehesa, contará con el concurso de universidades, organizaciones privadas de investigación y empresas y asociaciones del sector.

Andalucía cuenta actualmente con 1,2 millones de hectáreas de dehesas, lo que supone aproximadamente el 14 por ciento del territorio regional y la mitad de la superficie española de este ecosistema, que está también presente en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y la región portuguesa del Alentejo.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

El diputado del PP-A Bartolomé Madrid, que comenzó su intervención asegurando que su formación ha presentado un texto alternativo que aporta "mucho", dijo que el PP-A tiene una "enorme preocupación" por la situación actual de crisis que atraviesa la dehesa, en la que, según dijo, se han producido ciertas "malas prácticas" por la falta de profesionales cualificados.

Asimismo, consideró "fundamental" que la esta ley sea consensuada y añadió que el texto elaborado por el Gobierno andaluz se sitúa en una línea "intervencionista, burocratizada y sin participación alguna de los sectores implicados". "Hay que incidir más en los aprovechamientos productivos y en la rentabilidad de éstos, en la regulación de los incentivos y en dar más peso a las acciones en formación e investigación", agregó.

Por su parte, el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo dijo que esta ley viene tarde, sin financiación y no tiene el valor de ir a la raíz del problema. A su juicio, no se está debatiendo de una "cosa cualquiera", sino de 1,2 millones de hectáreas que componen la dehesa andaluza y de que en este instante más de 128 pueblos viven de esa economía y la gran mayoría tienen problema de envejecimiento de la población. Dijo que la ley llega tarde porque se han dado una serie de acontecimientos, como la PAC, que quizá sea "tarde para dar marcha atrás" y muchas actividades se encuentran al borde de la desaparición.

El parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez quiso dejar claro que esta ley, que está "bien hecha", es fruto del consenso y del acuerdo con los colectivos afectados, de manera que estimó que PP e IULV-CA plantean enmiendas a la totalidad a la sociedad civil andaluza, esto es, a las asociaciones agrarias, a los ecologistas o a los sindicatos. "Le terminan haciendo la oposición a los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad, en definitiva a la gente que ha decidido ponerse a cogobernar en las cuestiones que les interesan e importan", apuntó Jiménez, para quien, el Gobierno andaluz opta, con iniciativa política, en convertir en ley un gran consenso ciudadano, al que la oposición plantea enmienda a la totalidad porque "siempre va por detrás y no tiene iniciativa política".