Almería.- Greenpeace presenta alegaciones a la expropiación de El Algarrobico para evitar compensaciones a la empresa

ALMERIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace hizo llegar hoy a la Dirección General de Costas las alegaciones preparadas en el periodo de información pública del expediente de expropiación forzosa de terrenos e inmuebles en el paraje de El Algarrobico, Carboneras (Almería), y entre sus argumentos subraya que "sería intolerable que se indemnizara a la empresa constructora" del polémico hotel.

En un comunicado remitido a Europa Press, Greenpeace señaló que se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2006, donde se afirma que, a efectos de valoración de las construcciones, se ha de tener en cuenta si las mismas se ajustan o no a la legalidad. En dicha sentencia, el fallo no obligaba a indemnización dada la ilegalidad de las construcciones implicadas en el litigio.

En ese sentido, la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, María José Caballero, reiteró que "sería intolerable que se indemnizara a la empresa constructora con dinero público sin tener en cuenta la ilegalidad de todos los trámites que desembocaron en el inicio de una obra actualmente paralizada y sin que se produzca una depuración de responsabilidades legales entre quienes promovieron o toleraron esta situación".

Recordó que "cuando se expropia una propiedad construida de forma ilegal a un pequeño propietario no hay compensación alguna" y subrayó que "los ciudadanos no debemos tolerar que los grandes empresarios sean medidos con un rasero distinto cuando, además, sus obras tienen un impacto medioambiental mucho mayor".

Otro argumento de Greenpeace en sus alegaciones es que tanto el deslinde del dominio público aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente el 8 de noviembre de 2005, como el auto de paralización de las obras emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería de 21 de febrero, "son un claro reconocimiento de la ilegalidad que rodea al proyecto".

Por otro lado, la organización conservacionista lamentó el papel que sigue desempeñando en todo este proceso la Junta de Andalucía. A su juicio, las últimas declaraciones de la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, "rozan el esperpento, ya que afirma que la Junta sólo tiene competencias en zonas de servidumbre que no existen hasta que se realiza el deslinde por parte de Costas".

Al respecto, advirtió que "llevamos ya muchos meses diciéndole a Coves y a su Consejería que la parte del hotel que no está en dominio público se encuentra situado, íntegramente, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en suelo no urbanizable" y se preguntó que si "acaso no es la Junta de Andalucía el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad dentro de sus propios espacios naturales protegidos".

ACTUACION ESCANDALOSA

Para la ONG, "la actuación de todas las autoridades involucradas en promover o tolerar esta situación ha sido tan escandalosa que la Comisión Europea ha abierto expediente contra España por no haber realizado la pertinente evaluación de impacto ambiental de este proyecto, máxime cuando se trata de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) integrado en la Red Natura 2000, entre otras muchas figuras de protección".

Por último, recordó que está a la espera de conocer la respuesta del la Fiscalía de Almería a la denuncia presentada el 18 de noviembre de 2005 "en la que ya se detallaban los presuntos delitos penales cometidos con ocasión de la construcción del hotel". La demora que está sufriendo esta contestación ha supuesto que Greenpeace haya reiterado dicho escrito remitiéndolo al fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, el pasado 5 de abril.

Confió en que este fiscal "decida implicarse en este asunto y se acabe con la sensación de impunidad que, hasta la fecha, acompaña a muchas actuaciones ilegales vinculadas al urbanismo y a la destrucción del medio ambiente y que están provocando que España acumule expedientes de la Comisión Europea".