Almería.-Misión del PE reconoce que las denuncias en Albox pueden deberse a "falta de asesoramiento", según la Junta

ALMERÍA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La misión del Parlamento Europeo que investiga denuncias de irregularidades urbanísticas interpuestas ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara reconoció hoy "los gravísimos problemas" detectados en la Comunidad de Valencia pero admitió que las quejas de los residentes británicos en el Almanzora y propietarios de viviendas ilegales "podrían ser consecuencia de falta de asesoramiento y prudencia por parte de los adquirientes".

Así lo manifestó en declaraciones a los periodistas el delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Almería, Luis Caparrós, al término del encuentro mantenido con la delegación integrada por el presidente y vicepresidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libick y el eurodiputado laborista británico, Michael Cashman quienes declinaron hacer declaraciones a los periodistas ante la situación generada por la visita a España y, en concreto, a la Comunidad valenciana.

Durante el encuentro, en que también estuvo presente el director general de Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía, José Ortiz, y que fue calificado de "cordial", se detalló a los europarlamentarios la "diversidad de actuaciones urbanísticas" desarrolladas por la Administración autonómica para "un desarrollo sostenible" y se les facilitó información acerca de las medidas adoptadas para regularizar la situación de viviendas en el Almanzora y Albox donde se contabilizan entre 5.000 y 6.000 inmuebles fuera de ordenación.

Ortiz, quien destacó que la misión del PE transmitió su satisfacción "ante la máxima disponibilidad de la Junta frente a la de otras administraciones", insistió en que la resolución para regularizar las citadas viviendas pasa necesariamente por la redacción de los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) "cuanto antes" y siempre que muestren coherencia con el planeamiento.

En concreto, y tal y como adelantó el delegado provincial de Obras Públicas, habrán de estar cerca de núcleo urbano consolidado y contar con garantías de equipamientos y servicios públicos. Quedan excluidas aquellas en cauce o dominio público como es el caso de once chalés en Albox sobre los que pesa una orden de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El PGOU "actualizado", recalcaron desde la Junta ante la misión del PE, "es el mejor instrumento para la seguridad jurídica de quienes invierten y de quienes adquieren" por lo que ya han puesto a disposición de los 14 ayuntamientos afectados por irregularidades en la ordenación un letrado y un arquitecto.