El Gobierno acusa a la Junta de "echar el freno" a la comisión mixta del Algarrobico y pide reunión "inmediata"

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "echar el freno" y dar "un nuevo paso atrás" con su decisión de convocar la reunión de la comisión mixta entre Junta y Estado para abordar la demolición del hotel de El Algarrobico y la restauración de los terrenos una vez que el Pleno de Carboneras ya haya aprobado la revisión de oficio de la licencia de obras, abocada a su nulidad.

"Lo que hay que hacer es sentarse de manera inmediata" para "tener muy claro cómo se va a actuar justamente el día después de esa declaración de nulidad", ha manifestado en Granada Fernández, que ha rechazado "esperar" a que el Ayuntamiento de Carboneras formalice el proceso tras el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) el pasado 22 de mayo puesto que "para el Gobierno de España es absolutamente prioritario", según ha recalcado.

Para Fernández, resulta "doloroso" y "preocupante" que desde la Junta de Andalucía se "ponga freno" a este proceso, por lo que le ha instado a mantener dicha consideración y convocar con celeridad la comisión de seguimiento conforme se dispone en el protocolo suscrito por ambas administraciones en 2011.

Con ello, ha defendido que el proceso que, según ha considerado, "ha ido impulsando el Gobierno de España" desde que "empezó con la expropiación" que se sigue de forma paralela para poner "en el foco de la atención inmediata" la "necesidad" de demoler este "desmán urbanístico".

Fernández ha hecho estas consideraciones después de que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente haya decidido esperar a que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) anule a través de su Pleno la licencia del hotel de El Algarrobico para convocar la comisión mixta en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar al entender que dicho Pleno se celebrará de "forma inminente".

La Junta recibió el pasado viernes una comunicación de la Dirección General de la Costa y el Mar de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que solicitaba la convocatoria de la comisión mixta una vez se conoció el dictamen preceptivo y vinculante del CCA que avalaba la anulación del permiso municipal.

Con ello, el departamento que dirige la consejera en funciones Catalina García estima que el camino para alcanzar la "deseada resolución" de un problema "generado hace dos décadas" pasa por que el Ayuntamiento de Carboneras lleve "cuanto antes" este asunto a Pleno y así poder "oficializar la anulación definitiva de la licencia, cumpliendo así con la sentencia del TSJA" dictada en 2021.

El Ayuntamiento que preside Salvador Hernández (CS) tiene aún que fijar una fecha para elevar este asunto a Pleno y someterlo a votación. El primer edil gobierna en minoría con el apoyo de cuatro concejales del PP frente a los seis del PSOE y dos concejales no adscritos.

Cabe recordar que la propuesta avalada por el Consultivo se basa en instar al Pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso. La decisión sobre la licencia es la que abrirá la puerta al derribo mediante la articulación, no obstante, de un expediente al respecto.

El Ayuntamiento acordará así "determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente" qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

En cuanto a las alegaciones y recursos interpuestos por las partes al expediente, el Ayuntamiento prevé remitirse al propio dictamen del Consultivo, el cual respalda sus pretensiones tanto en el modo de tramitar el expediente, los plazos y su intención de estudiar en un segundo expediente las posibles indemnizaciones.