La Junta y el Gobierno esperarán a que el TSJA se pronuncie sobre el Algarrobico para avanzar en sus acuerdos

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y el Gobierno central han acordado este martes esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre sus peticiones con respecto a la anulación de la licencia del hotel promovido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería) antes de avanzar en sus acciones destinadas a demoler el inmueble.

Durante el encuentro telemático de la comisión mixta Junta-Estado, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha trasladado formalmente la petición elevada al alto tribunal andaluz para instar al Ayuntamiento a convocar un nuevo pleno en 72 horas para que se apruebe la propuesta de revisión de oficio de la licencia.

En un comunicado, el Ministerio ha insistido en que "todas las herramientas jurídicas disponibles deben ser analizadas con el máximo rigor para determinar su alcance y sus efectos, siempre con el objetivo de garantizar una solución definitiva para El Algarrobico con plena seguridad jurídica".

En este sentido, han asegurado que la senda de la expropiación iniciada en febrero del pasado año "continúa siendo una vía plenamente vigente y no ha sido descartada en ningún momento", de forma que "sigue su curso dentro del marco legal establecido y constituye uno de los instrumentos disponibles para hacer efectiva la recuperación de este espacio protegido".

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han asegurado que, según les han trasladado desde el Ministerio en la reunión, la vía de la expropiación se habría suspendido hasta que culmine el procedimiento de revisión de la licencia. Este extremo, no obstante, ha sido negado tras el encuentro desde la Administración central.

El camino de la expropiación del Gobierno sobre la parte del hotel que invade la zona de servidumbre de protección se inició en febrero de 2025, si bien la promotora recurrió la medida ante la justicia. No obstante, el procedimiento administrativo sigue en marcha, por lo que un tribunal provincial de expropiaciones debe concretar el justiprecio ante los 16.500 euros ofrecidos por el Estado y los 44,5 millones de euros reclamados por Azata.

En cualquier caso, para la Junta de Andalucía, la vía judicial centrada ahora en la anulación del permiso de obras concedido por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003 se presenta como la "única opción viable para la demolición" del inmueble, según han indicado en una nota.

La Junta ha trasladado al Estado su intención de avanzar hacia la demolición del hotel "en cuanto esté anulada la licencia" de obras, para lo que ha llegado a solicitar al TSJA, junto con Greenpeace, la ejecución forzosa del fallo para que sea el tribunal el que invalide la licencia y así poder "avanzar en el proceso de demolición del hotel y la posterior restauración del paraje natural afectado".

Los representantes del Gobierno andaluz han incidido en el encargo realizado a los servicios jurídicos de la Junta para instar al TSJA la ejecución directa de la nulidad de la licencia sin esperar a que el Consistorio vuelva a convocar un Pleno para ello debido a "los reiterados incumplimientos y demora por parte del Ayuntamiento".

Cabe recordar que el Ministerio también ha interesado dicha ejecución subsidiaria del fallo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada en caso de que esa segunda oportunidad reclamada previamente no fructifique, es decir, en caso de que el Pleno no apruebe la revisión de oficio de la licencia conforme a las decisiones judiciales y al dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA).

El Pleno de Carboneras decidió postergar el pasado 17 de junio la votación para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel a propuesta del edil no adscrito Felipe Cayuela, a quien apoyó otra concejal que dejó las filas del PP y cinco concejales del PSOE, a quienes Ferraz abrió un expediente de expulsión temporal por su decisión.

Ambas partes se han emplazado a mantener un contacto "fluido" y a mantener un nuevo encuentro --el décimo--, una vez se haga efectiva la anulación de la licencia, algo que confían en que se produzca "a la mayor brevedad".

UN DESMÁN URBANÍSTICO

La Junta ha defendido su compromiso para llegar hasta el final y acabar, después de dos décadas, con "uno de los desmanes urbanísticos más flagrantes del panorama nacional".

En este contexto, los responsables autonómicos han subrayado que el Gobierno andaluz se ha personado en los cuatro procedimientos abiertos en torno a este asunto: el propio procedimiento judicial, el de revisión de oficio de la licencia, la modificación del planeamiento municipal y el proceso expropiatorio iniciado por el Gobierno de España.

Precisamente sobre la personación de la Junta, en este último, han recordado a los responsables del Ministerio y al resto de representantes de la Administración central en el encuentro, que se hizo "imprescindible después de seis meses" sin que la Junta recibiera "información alguna" sobre el mismo por parte del Miteco.

En cualquier caso, la Junta ha instado al Estado a cumplir con las cláusulas previstas en el protocolo, seguir las líneas de actuación conjunta, y establecer la disposición presupuestaria necesaria para hacer frente a los gastos de demolición del inmueble

Asimismo, ambas administraciones han confirmado que el protocolo suscrito entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado en 2011 sigue plenamente vigente, y volverán a convocar una nueva comisión de seguimiento, una vez declarada la nulidad de la licencia.

Los responsables autonómicos han insistido en la urgencia de actuar, hacerlo coordinadamente y de manera efectiva para que, cuanto antes, el hotel de El Algarrobico "desaparezca" y el paraje que ocupa "ilegalmente" pueda "revertir a su estado anterior, recuperándose uno de los espacios emblemáticos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar".

Por parte de la Junta de Andalucía han participado en la comisión mixta el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona, que ostenta la presidencia de la misma; el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno Gaviño; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado; así como técnicos y letrados de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Por la Administración General del Estado, han intervenido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro; y otros responsables del ministerio.