ALMERÍA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía va a solicitar penas que suman 23 años de prisión para cuatro acusados de organizar y preparar en marzo de 2010 el alijo de 3,7 toneladas de hachís en la cala Taray, en el término municipal de Pulpí (Almería).
Los procesados fueron detenidos tras ser localizados en una gasolinera de Puerto Lumbreras (Murcia) después de haber viajado en furgoneta hasta la playa para recoger los fardos de droga desembarcados.
Según recoge el Ministerio Público en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, M.M., P.G.E., J.A.R.R. y J.M.S.M. intervinieron activamente en la organización y preparación del transporte del alijo que se intervino. Así, atribuye a M.M. la labor de contactar con el proveedor de droga en Marruecos y la organización de todo el operativo.
Mientras, a J.A.R.R. y J.M.S.M. le achaca la responsabilidad del transporte de los fardos y a P.G.E. el encargo de auxiliar al resto en el "desarrollo del plan".
El desembarco en cala Taray tuvo lugar a las 22,00 horas del 10 de marzo de 2010. Para el transporte de la droga usaron una embarcación neumática de 12 metros de eslora con cuatro motores fueraborda. Las personas que descargaron, no identificadas, fueron sorprendidas por la Policía Local de Lorca que vigilaba la zona aunque lograron huir.
A las 5,00 horas de esa noche, los acusados fueron localizados en el marco del dispositivo de vigilancia activado en un gasolinera de Puerto Lumbreras en el interior de sus vehículos. Cuando vieron a los agentes, se deshicieron de sus teléfonos móviles, que luego pudieron ser recuperados.
Con anterioridad, a las 1,00 horas, habían circulado en una furgoneta en dirección a la playa donde se había producido el desembarco de la droga. En total, en el arenal se hallaron 110 fardos y una mochila con más pastillas. Dos días más tarde se halló otro fardo en la playa de San Juan de los Terreros.
El fiscal interesa para J.A.R.R. y para J.M.S.M., con antecedentes penales y, por tanto, agravante de reincidencia, penas de seis años de prisión y el pago de sendas multas de 25 millones de euros mientras que para los otros dos procesados, también como presuntos autores de un delito contra la salud pública, solicita penas de cinco años y seis meses.
