Cádiz.- APDH-A acusa a la Subdelegación del Gobierno de "vulnerar los derechos de los inmigrantes"

CÁDIZ 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) acusó hoy a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz de "vulnerar los derechos de los inmigrantes", así como de desconocer e "ignorar voluntariamente" la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) "que dice que la situación de irregularidad no determina directamente la posibilidad de ser expulsado".

En rueda de prensa, el asesor jurídico de la APDH-A, Diego Boza, acusó a la Subdelegación del Gobierno de "desarrollar un proceso cada vez más duro y de persecución". En este sentido, afirmó que "la policía está entrando en bares que frecuentan sudamericanos que viven en Cádiz para pedir la documentación y llevarse a aquellos que no la tienen".

Asimismo, aseguró que "se ha dado un caso en San Fernando con unos jóvenes bolivianos que quedaban los domingos para reunirse y jugar al fútbol y la Policía se enteró y fue a buscarlos para iniciar procedimientos de expulsión". Según Boza, "esta persecución se está desarrollando especialmente con los ciudadanos bolivianos".

En esta misma línea, indicó que el cambio de la política de visados propició la entrada en marzo de ciudadanos bolivianos "y la Policía está realizando especial persecución con estos ciudadanos".

Por otra parte, el asesor jurídico puso también el ejemplo de un ciudadano boliviano que ha sido expulsado "sin el derecho al recurso". Así, explicó que "era testigo en un juicio que se está desarrollando por un delito contra los derechos de los trabajadores y pese a ello el Grupo de Extranjería de la Comisaría de Cádiz lo detuvo por segunda vez sin haberle notificado la finalización del procedimiento".

Asimismo, aseveró que "cuando el abogado tuvo conocimiento advirtió a la Subdelegación del Gobierno y a la Comisaría del plazo de recurso que tenía, aunque la ignoraron y expulsaron a este extranjero". Posteriormente, "al cabo de un mes se recibió un auto del juzgado suspendiendo la expulsión, por lo que se expulsó al ciudadano boliviano antes de que esa persona pudiera ir a los tribunales a que se valorara si la expulsión era conforme a derecho o no".

Por otra parte, Boza se refirió también a que "otra de las circunstancias que están planteando muchos problemas es la habitual retirada de los pasaportes". Además, explicó que el reglamento de extranjería permite la retirada del pasaporte "cuando no quede constancia de que la expulsión puede ser ejecutada o cuando la persona no tenga domicilio, sin embargo en Cádiz la retirada de pasaportes está siendo sintomático, lo cual dificulta muchas cuestiones como el empadronamiento". Así, la asociación exigió "que se retire el pasaporte en los casos más graves y no en todos los casos".

Finalmente, acusó a la Subdelegación del Gobierno y a la Policía de estar en un "grado de radicalización máxima" y puso como ejemplo "un extranjero que es padre de un ciudadano español y se le ha iniciado un procedimiento de expulsión y no puede ser expulsado".