Cádiz.- Gómez (PSOE) dice que es la Junta quien aconseja retirar las competencias del Tesorillo por "seguridad jurídica"

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Jimena de la Frontera (Cádiz), Ildefonso Gómez (PSOE), recordó hoy que fue la Dirección General de Ordenación del Territorio la que aconsejó al Ayuntamiento que retirara las competencias de urbanismo a la Entidad Local Autónoma (ELA) de San Martín del Tesorillo "por medidas de seguridad jurídica" para el Consistorio, ya que "lo que se espera es la mayor tormenta judicial que haya sacudido nunca a este municipio".

En un comunicado de prensa remitido a Europa Press, Gómez recordó también que fue la Junta la que requirió el 18 de mayo el inicio de los procedimientos de "revisión de licencias de aquellas obras que se sabe se han realizado con licencia ilegal".

Asimismo, indicó que, "a efectos prácticos, la suspensión de la delegación realizada en octubre es igual que la recuperación de competencias llevada a efectos en el último pleno del periodo corporativo", por lo que manifestó que no entiende "este rasgarse las vestiduras de tirios y troyanos".

Además, tras señalar que la Dirección General de Ordenación del Territorio aconsejó que se tomaran esas medidas "por medidas de seguridad jurídica para el Ayuntamiento y para el alcalde", manifestó que de esa forma lo que se pretende es "proteger los intereses de todos los vecinos, que son los últimos que deben pagar los platos rotos de la delictiva gestión de la alcaldesa de la ELA de Tesorillo, Belén Jarillo (PP)".

El alcalde de Jimena achacó a la "actitud de falta de respuesta por parte de la alcaldesa de la ELA a la hora de remitir la información debida", el motiva del inicio de la revisión de oficio de las licencias, "aún cuando la documentación no es completa, motivo por el que está a punto de incurrir en desacato al tribunal, en el que ya está imputada por prevaricación y a punto de añadir el cargo de obstrucción a la justicia".

Por otra parte, criticó que Jarillo "no ha cumplido en todo el mandato con las mínimas funciones de gestión de la ELA", ya que "no ha convocado siquiera las sesiones de junta vecinal preceptivas por ley, con lo que no han llegado a cuatro las convocadas, cuando lo normal son de 50 a 60 las celebradas en los cuatro años". Asimismo, la acusó de haber "abandonado sus deberes como concejal del Ayuntamiento matriz marchándose de numerosos plenos antes de levantarse las sesiones o faltando de manera genérica a las comisiones previas y a los plenos".