Constituido en Cádiz el comité asesor para elaborar propuestas de arreglo de caminos rurales dañados por temporales

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, preside la reunión para la constitución del comité asesor técnico que elaborará propuestas de arreglo de caminos rurales de uso público en la provincia
La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, preside la reunión para la constitución del comité asesor técnico que elaborará propuestas de arreglo de caminos rurales de uso público en la provincia - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 14:34

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido este viernes la reunión para la constitución del comité asesor técnico que elaborará propuestas de arreglo de caminos rurales de uso público en la provincia, en la que trabajan tres administraciones con el objetivo de coordinar proyectos y priorizar actuaciones para la recuperación de estos caminos, dañados por los pasados temporales.

La reunión se ha celebrado en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que ha estado representado también en esta reunión por el secretario general de la Subdelegación, David Riaza, y el jefe de la Dependencia de Agricultura y Pesca, Mario de la Cueva.

También han participado el gerente provincial para Cádiz-Ceuta de Tragsa, Manuel Ángel Obrero, y el jefe de Obras, Explotación y Proyectos de la oficina de Seiasa en Sevilla, Álvaro Gutiérrez, ha detallado la Subdelegación en una nota.

La Junta de Andalucía ha estado representada por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Francisco Moreno, que ha destacado la colaboración entre administraciones para que los recursos se repartan y "lleguen a todos los municipios de la provincia", además de incidir en el apoyo del Gobierno andaluz y añadir que la Junta trabaja para dar respuesta a los caminos que dan acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia después de la borrasca.

La Diputación Provincial de Cádiz ha contado con Antonio Aragón, diputado del Área de Asistencia a Municipios, servicio que canalizará las solicitudes de los ayuntamientos ante la Subdelegación.

Como se ha recordado que el Gobierno de España ha articulado ayudas urgentes para la recuperación de estas infraestructuras, entre las que destaca la asignación de 600 millones de euros destinados a la reparación de caminos agrarios, regadíos y otras instalaciones rurales. Estas medidas forman parte del paquete de reconstrucción aprobado para las zonas más afectadas por las borrascas, que supera los 7.000 millones de euros, con actuaciones en Andalucía.

Dentro de las diferentes medidas de apoyo que ha aprobado el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se encuentra el conjunto de actuaciones que van a contribuir a la recuperación de la capacidad productiva, a través de la restauración de caminos agrarios e infraestructuras asociadas y recuperación de comunidades de regantes y comunidades de usuarios del agua afectadas por las borrascas, como medida necesaria para apoyar la recuperación de las explotaciones agrarias afectadas.

El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que recoge las medidas urgentes de respuesta a los daños, encarga a la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) a realizar las actuaciones que se estimen más adecuadas para la recuperación urgente de los caminos agrarios de uso público, que se consideran "esenciales" para la actividad agraria e infraestructuras asociadas.

También se le encarga el arreglo de las infraestructuras de las comunidades de regantes y comunidades de usuarios del agua que hayan sido afectadas por las borrascas ocurridas en diferentes municipios de España entre el 1 de enero de 2026 y el 20 de febrero.

Las obras de reparación aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ejecutarán priorizando criterios como infraestructuras cuya operatividad resulte esencial por motivos agronómicos que, de no efectuarse en tiempo, comprometan la producción agraria; actuaciones que beneficien a una mayor cantidad de explotaciones agrarias y por tanto de agricultores; y actuaciones que puedan ejecutarse rápidamente para reducir el impacto socioeconómico directo e indirecto de la zona agraria afectada.

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