JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, ha anunciado que este lunes su formación registrará en la Cámara autonómica una Proposición no de Ley (PNL) para que se establezca la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos en caso de sentencias judiciales por corrupción política, medida que ha calificado "de justicia social y de justicia moral" y que "responde al clamor de la sociedad del siglo XXI".
En rueda de prensa en Jerez de la Frontera (Cádiz), Romero, que ha señalado que "Ciudadanos está tan indignado como cualquier andaluz" ante la sentencia de los ERE y la imposibilidad de reclamar por vía penal los 680 millones de euros "que han robado a los andaluces", ha explicado que el objetivo de esta PNL es que "en caso de que el corrupto no pueda pagar, los partidos paguen el dinero que sus políticos hayan robado a los ciudadanos".
"Todos los ciudadanos somos honrados, honestos y trabajadores. Ninguna familia andaluza, ningún autónomo, ningún cirujano, ningún ama de casa, ni ningún desempleado, puede pagar el pato del dinero que se llevaron otro", ha subrayado el parlamentario andaluz.
Por este motivo, según Cs en un comunicado, Romero se ha mostrado esperanzado en que el resto de partidos políticos se sumen a esta iniciativa para que salga adelante "por unanimidad y podamos decirle al Gobierno que modifique todos los ámbitos legales para que, cuanto antes, los partidos paguen la corrupción de sus afiliados".
Romero ha insistido, además, en que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, dimita "por honradez, por honestidad, por integridad y por decencia". En su opinión, "es insultante que se limite a pedir perdón" y "tiene que asumir responsabilidades porque es la secretaria del PSOE andaluz y, por tanto, también responsable moral de lo que su partido hizo con todos los andaluces".
El portavoz parlamentario de Cs ha manifestado que debe dimitir también porque "en 2016, como presidenta de la Junta, ella personalmente retiró la acusación particular de la Junta, usando a los letrados de la Junta, con lo que impidió reclamar responsabilidades penales a los condenados".
"Puso la mano en el fuego y ha sido la Justicia, no un partido político, la que ha encontrado delito hasta 61 años de cárcel y 252 de inhabilitación para cargos socialistas", ha concluido.
