El Gobierno autoriza licitar por 33,7 millones la conservación de los accesos a Cádiz por los dos puentes

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cádiz, con un valor estimado de 33,7 millones de euros (IVA no incluido), concretamente las carreteras que dan acceso a la capital gaditana por los dos puentes. La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Según ha indicado en una nota, incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Así, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 12,5 kilómetros de carreteras del sector número 03 de la provincia, de los que unos nueve kilómetros son autovía. Las carreteras incluidas son las siguientes la CA-35, en 7 kilómetros, que incluyen el Puente de la Constitución de 1812, y la CA-36, en 5,5 kilómetros, que incluyen el Puente de Carranza.

Además, el Ministerio ha indicado que junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en la carretera CA-35, entre los km 0 y 1,900, ambas calzadas, en el Puente de la Constitución de 1812.

El Ministerio ha señalado que dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.