CÁDIZ, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El diputado autonómico de IULV-CA Ignacio García confía en que la Junta de Andalucía sea "fiel a su filosofía de primar a las personas por encima de los mercados y garantizar la máxima calidad de los servicios sociales", por lo que espera que en el concurso público de los Centros de Internamiento para Menores Infractores (CIMI) se tenga en cuenta la calidad de los proyectos educativos y se aproveche la experiencia del personal a través de la subrogación de los trabajadores.
Según ha avanzado el también vicepresidente del Parlamento de Andalucía a Europa Press, IU llevará este asunto a la mesa de seguimiento que integran los partidos del Gobierno andaluz, mostrándose convencido de que el Ejecutivo autonómico será "sensible a esa demanda".
Explica García que existe "cierta inquietud" entre los trabajadores de los CIMI por la posible no subrogación de los mismos, lo cual entiende que podría tener consecuencias respecto a la calidad del servicio, además de que supondría "dejar en la calle" a profesionales que tienen experiencia y relación con un colectivo "tan delicado" como el de los menores con problemas penales.
Apunta el diputado que ya hubo una experiencia anterior con los Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA), donde por no llegar a subrogaciones "se dejó en la calle a 90 trabajadores en Andalucía".
IU sostiene que "no debe ocurrir lo mismo" con los CIMI, defendiendo que se garantice la continuidad de los trabajadores "por razones de justicia laboral y calidad del servicio", pudiendo aprovechar así el plus de experiencia del personal.
Recalca que la posición que quiere fijar IU en relación a este asunto es pedir que se le dé "la máxima continuidad posible" a los proyectos existentes que hayan "funcionado bien", haciendo si es preciso una evaluación de los mismos.
Igualmente, reclama que se fije en el propio pliego de condiciones la subrogación de los trabajadores y evitar que "determinadas multinacionales, de todos conocidas y que se prestan a todo, concurran con ofertas muy bajas" con las que se pasaría a "pagar una miseria" a los trabajadores o a poner otros nuevos "sin experiencia".
Finalmente, insiste en que en el concurso "no primen demasiado los aspectos económicos", ya que este asunto atañe a menores de edad que "se pueden recuperar en estos centros y sería una pena que por cuestiones meramente económicas no sean lo suficientemente bien tratados para poderse recuperar y reinsertar en la sociedad".
