CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una sentencia del Juzgado de lo Social número tres de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha confirmado el despido disciplinario de una trabajadora que mantuvo una serie de comportamientos que afectaron gravemente a una compañera con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La Asociación Provincial de Familiares y Personas con Trastorno del Espectro Autista, Autismo Cádiz, ha mostrado su satisfacción por esta decisión que desestima la demanda interpuesta contra el despido disciplinario de esta trabajadora y que supone "la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad".
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se expone que estos hechos ocurrieron en agosto de 2020, durante la pandemia por el Covid-19, cuando una serie de actitudes y comentarios de la trabajadora despedida generaron en su compañera con discapacidad "estados de ansiedad", llegando incluso a solicitar un cambio de puesto de trabajo "para no coincidir" con esta persona.
Entre las actitudes reseñadas en los hechos probados de la sentencia, se explica que la trabajadora insistió a la afectada que se quitase la mascarilla porque "en la asociación no existe el Covid", no respetando así la decisión de la otra persona de estar con la mascarilla puesta.
La trabajadora, que ya había sido sancionada de empleo y sueldo con anterioridad por hechos similares, fue despedida al haber cometido "una falta muy grave", algo que denunció como improcedente al considerar que sus actitudes se debieron a "motivos personales". "Se puede estar triste, pero ello no justifica un trato irrespetuoso frente a nadie", remarca la sentencia.
Autismo Cádiz ha subrayado además en una nota que la sentencia no tiene en cuenta el argumento como atenuante de un supuesto desconocimiento por parte de la demandante acerca de la forma de tratar a personas con TEA, ya que "el respeto y la consideración hacia otra persona es algo que se debería aprender en la vida, y por lo tanto es algo que se debe exigir hacia cualquier persona".
Para esta entidad, la decisión judicial supone "un importante precedente con vistas a posibles casos similares que puedan producirse y en los que los derechos de las personas con discapacidad deben quedar salvaguardados, ya sea en el plano laboral o en cualquier otro ámbito de la sociedad".