Pregunta si la Junta pagará a Ojeda por las sentencias ganadas pero se quedará "de brazos cruzados" ante los reintegros pendientes
CÁDIZ, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada autonómica del PP Teresa Ruiz Sillero ha lamentado este domingo que los exdelegados provinciales de la Consejería de Empleo siguiesen "el guión escrito y preparado" por el Gobierno socialista de la Junta, a la hora de comparecer ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las subvenciones de formación profesional y las supuestas irregularidades detectadas en su tramitación, gestión y destino. Ante la falta de respuestas, ha pedido "explicaciones" sobre la falsedad o no de los certificados de finalización y sobre laas "subvenciones excepcionales dadas a dedo" a las empresas del exconsejero socialista Ángel Ojeda.
En una rueda de prensa celebrada en Cádiz, Teresa Ruiz Sillero ha evaluado las últimas comparecencia consumadas en el seno de la citada comisión de investigación, que había citado a los exdelegados de la Consejería de Empleo en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Jaén. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado', y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Durante estas comparecencias, por ejemplo, el exdelegado de Empleo de la Junta en Cádiz Juan Manuel Bouza Mera accedió a responder a casi todas las preguntas de los miembros de la comisión, a excepción de las que consideraba "inmersas en casos judiciales", defendiendo que "las actuaciones que se hicieron correspondieron con la legalidad más estricta". La exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, de su lado, declinó responder las preguntas de los grupos, defendiendo no obstante que actuó "correctamente" y no tiene "nada que ocultar".
La exdelegada de Empleo de la Junta en Granada Marina Martín se acogió también a su derecho a no responder preguntas, defendiendo en paralelo que nunca ofreció trato de favor a ninguna empresa, ni dio instrucciones para que incumplieran la legalidad vigente, como tampoco ella recibió órdenes por parte de sus superiores en este mismo sentido. Y por el último el exconsejero de Hacienda y empresario Ángel Ojeda, uno de los principales investigados en la causa judicial que sigue el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, defendía por su parte que "todo" en su vida "ha sido legal", detallando que su grupo de empresas Prescal impartió más de 9.000 cursos en los cuatro años cuestionados, el 95 por ciento de ellos de carácter privado.
"EL TRATO DE FAVOR"
Teresa Ruiz Sillero, en ese sentido, ha opinado que los exdelegados provinciales de la Consejería de Empleo "parece que seguían el guión escrito y preparado por el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, en el cual todos los exdelegados decían lo mismo, negando las irregularidades como si todo fuese una invención" o negándose a declarar "muchos de ellos".
Sobre la comparecencia de Juan Manuel Bouza, Ruiz Sillero avisa de que "no quiso contestar a la pregunta clave" de "si eran o no falsos los certificados de finalización del 25 por ciento (de la subvención concedida) mediante los cuales se les pagaba a las empresas de formación el resto de la liquidación". Y es que la investigación judicial, según recuerda, sospecha de la "presunta falsedad" de dichos certificados, extremo que habría propiciado el pago de las subvenciones pendientes a empresas que "no habían justificado correctamente" el gasto adecuado del citado 25 por ciento inicial de la ayuda. Por ello, ha pedido "explicaciones" a la Junta.
Respecto a Ángel Ojeda, ha opinado que dejó sin responder las preguntas que más le ponían "en aprietos", mencionando "su relación en el pasado con empresas a las que como consejero de Hacienda, otorgó adjudicaciones". Ha señalado, en concreto, a adjudicaciones por valor de "148 millones de euros" a la sociedad Datatec para trabajos de informatización de la Consejería de Hacienda durante la etapa de Ojeda, porque "luego" Ojeda habría sido "socio" del consejero delegado de Datatec en la empresa Centro Ortopédico Capuchino, que a su vez habría obtenido "contrataciones" del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sobre estas "relaciones", también ha pedido explicaciones la diputada popular.
"DESVÍO DE FONDOS A CHILE"
En paralelo, ha lamentado que Ojeda "tampoco contestase sobre sus relaciones con el desvío de fondos a Chile que se investiga por valor de diez millones de euros, sobre si alguna vez ha tenido fondos en paraísos fiscales o sobre cuánto dinero en total ha recibido su entramado empresarial en subvenciones de la Junta". "Eran preguntas clave para conocer la magnitud del fraude", ha avisado reclamando que sea la Junta la que aclare "cuándo dinero se le dio a Ojeda para los cursos de formación" y cuánto dinero "le está reclamando" ahora en materia de subvenciones no justificadas.
Además, ha lamentado que "curiosamente" la Junta "no aporte al juzgado" documentación reclamada incluso por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sobre las "subvenciones excepcionales de 33,3 millones dadas a dedo" a empresas de Ojeda para cursos de formación entre los trabajadores despedidos al cerrar la planta gaditana de Delphi. Y es que estas subvenciones están siendo "reclamadas en su totalidad" por la Junta.
LAS AYUDAS POR LOS CURSOS DE DELPHI
Al respecto, cree que la Junta debe abandonar su postura "obstruccionista", aclarar tales expedientes de ayuda, facilitarlos a la Justicia y a los grupos políticos y, especialmente, explicar "por qué otorgó estas subvenciones a dedo a Ojeda, cuando no tenía ni instalaciones ni medios para dar los cursos" subvencionados. Además, ha pedido "respuestas" sobre el contrato firmado entre Ojeda y la presidenta de la Diputación, la socialista Irene García, cuando ella gobernaba Sanlúcar de Barrameda, porque "no se sabe nada" de los cursos de formación acordados en dicho convenio. "El que calla otorga", ha dicho reclamando explicaciones a Irene García.
Y ante las sentencias que condenan a la Junta a pagar dinero a las sociedades del exconsejero Ojeda por cursos de formación profesional incentivados por la Administración andaluza y que sí habrían sido impartidos y justificados", Ruiz Sillero pregunta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, si el Gobierno andaluz "va a pagar" a Ojeda merced a tales sentencias, pero se va a "quedar de brazos cruzados" a la hora de promover el reintegro de las subvenciones presuntamente usadas de modo irregular por el grupo empresarial del exconsejero. A tal efecto, ha preguntado si acaso hay "algún trato de favor" a Ojeda, porque "puede que Ojeda sepa mucho".
