TREBUJENA (CÁDIZ), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de riacheros de Trebujena (Cádiz) calificó hoy de "incomprensible" la actitud de la Junta de Andalucía, que "se niega" a recibirles para abordar la regulación de la pesca de la angula, que es "lo que está pidiendo la Unión Europea (UE) y el colectivo", mientras que el Gobierno andaluz está "empeñado en eliminar la actividad".
El portavoz del colectivo de riacheros, David García, explicó a Europa Press que la pesca de la angula es una actividad "histórica" que se ha venido desarrollando "durante cientos de años" en el Guadalquivir de una manera "alegal", puesto que "nunca ha habido regulación" debido a que las administraciones "nunca habían tomado cartas en el asunto".
Sin embargo, ahora, la puesta en marcha de una directiva europea de recuperación de la anguila en cualquiera de sus fases de desarrollo ha servido a la Junta como "excusa para eliminar la pesca", cuando la directiva "no menciona la prohibición, sino la regulación", que es lo que también propone el colectivo.
En este sentido, recordó que los riacheros se mostraron dispuestos a reducir la flota en un 50 por ciento y establecer unos meses de veda, ya que entienden que "lo que pide la UE es justo, lo que no es justo es lo que pide la Junta" que, además, lleva "varios meses dando largas al colectivo" para no celebrar la demandada reunión para abordar la cuestión.
Según dijo, "la Junta se ha cerrado en banda", pero lo que piden los riacheros "no es nada del otro mundo y que no esté inventado ya", puesto que en ríos de otras regiones como Galicia o Valencia y en países como Francia "la pesca de la angula ya está regulada".
García reconoció que, tal como dice la UE, la angula se ha reducido en el Guadalquivir "en un 80 por ciento", pero "eso ocurre en todos los ríos, en los que se pesca la angula y en los que no", ya que la pesca es un factor influyente pero "no es el único", aludiendo a "la pérdida del hábitat, la contaminación del río o la calidad del agua".
Finalmente, confió en que puedan llegar a un acuerdo con el Gobierno andaluz para la regular la actividad. Entretanto, se mostró dispuesto a continuar con las movilizaciones, pese a haber recibido "amenazas por parte de algún miembro de la Administración" en el transcurso de actos reivindicativos desarrollados recientemente de manera "pacífica".
