Juancho Ortiz y Beatriz Gandullo en la jornada de 'Contratación pública y competencia'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
CÁDIZ 7 May. (EUROPA PRESS) -
Unas 80 personas se han congregado en los antiguos Depósitos de Tabaco de la ciudad de Cádiz para asistir al curso 'Contratación pública y competencia', organizado por la Diputación de Cádiz, a través de la Escuela Provincial de Estudios Locales, y la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía (Acrea) de la Junta de Andalucía, con la colaboración del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz.
Según ha explicado la Diputación en una nota, esta jornada, destinada al personal empleado público que desarrolla sus funciones en unidades de contratación, titulares de estos órganos y funcionarios con habilitación de carácter nacional, tiene como objetivo formar para detectar prácticas ilícitas en los procesos de contratación pública.
En especial, las denominadas conductas colusorias, que son acuerdos concertados entre empresas licitadoras para falsear la competencia, fijar precios o repartirse el mercado, según se desprende del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, ha añadido.
El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, la vicepresidenta del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, y el director de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (Acrea), Joaquín Pérez Muñoz, han sido los encargados de dar la bienvenida a los asistentes a esta jornada formativa. Los tres han coincidido en resaltar la oportunidad de este tipo de formaciones para garantizar la buena gestión de los fondos públicos, según ha indicado Diputación.
Asimismo, ha señalado que a lo largo de la sesión se abordan contenidos como la importancia de la política de competencia en el ámbito local y el marco institucional de la normativa antitrust (los trust son grupos de empresas que se unen para monopolizar el mercado y controlar los precios), recomendaciones para un diseño procompetitivo (es decir, que fomentan la libre concurrencia) de las compras públicas, detección de la colusión en las licitaciones públicas, así como pautas para la aplicación del derecho de la competencia en la contratación pública local.