LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, se han reunido en el Palacio Provincial para avanzar en el desarrollo de nuevas intervenciones coordinadas entre las instituciones que presiden. En este contexto se han planteado prioridades de cara al próximo año 2021, además de analizar el concurso que las entidades locales pueden asumir cuando el Brexit y sus consecuencias sean una realidad efectiva.
Según ha indicado la Diputación en una nota, el encuentro también ha permitido hacer un balance de la gestión pública resuelta en los últimos meses. Desde que sobrevino la pandemia, y se declaró el Estado de Alarma de mediados de marzo, la intervención de Diputación y la asistencia a los ayuntamientos "ha sido decisiva", según se ha reconocido en la reunión entre Irene García y Juan Franco. De hecho, la inversión acumulada en La Línea, procedente de los programas especiales diseñados por Diputación frente al COVID-19, ronda los 750.000 euros.
Este fondo se alcanza, fundamentalmente, con la suma de dos planes, como son el Invierte Social, con un presupuesto para el municipio linense que supera los 157.000 euros, y el Extraordinario Covid-19, con casi 578.000 euros. Ambos instrumentos permiten reforzar la plantilla del ayuntamiento, con contrataciones de personal en las áreas dedicadas a los sectores más vulnerables de la población y que demandan más atención de servicios sociales.
En este sentido, Diputación ha señalado que precisamente en octubre, y al amparo del Plan Extraordinario Covid-19, se ha iniciado por parte del Ayuntamiento de La Línea el proceso de contratación de 40 personas que reforzarán las plantillas de servicios sociales, limpieza, parques y jardines, playas, personal de cocina para el Centro de Encuentro y Acogida, limpieza de edificios municipales y mantenimiento urbano.
Esta intervención de Diputación ha reforzado plantillas en los 45 municipios de la provincia de Cádiz, sobre todo en servicios sociales y en centros residenciales de titularidad municipal que, desde el inicio de la pandemia, acumulan una evidente sobrecarga de trabajo.
