Álvarez de la Chica pide "tolerancia cero" con el fracaso escolar y los actos incívicos en los centros
SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, ha reconocido este jueves que el 21 por ciento de los alumnos andaluces matriculados en segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ya ha repetido algún curso escolar y, por tanto, "lleva un año de desfase" respecto al resto de sus compañeros de clase.
Según ha expuesto en el transcurso de la Comisión de Educación celebrada en el Parlamento de Andalucía, en tan solo dos cursos -de sexto de Primaria a segundo de ESO--, el porcentaje de alumnos que no consigue promocionar de nivel educativo aumenta en tres puntos, pasando del 18 al 21 por ciento. Esto significa, tal y como ha explicado, que muchos de estos menores tienen una "alta posibilidad de fracaso escolar antes de culminar su tránsito por el sistema educativo".
Álvarez de la Chica ha reconocido que se trata de un "problema severo" que hay que resolver y para el que se deben utilizar "todos los resortes" disponibles. Por ello, ha considerado "muy importante" la implicación de las familias en la educación de sus hijos. Sobre todo, ha recalcado, porque hay estudios que demuestran que "allí donde hay una familia que, sea cual sea su estatus social, cultural y económico, tiene altas expectativas para su hijo, éste suele obtener resultados educativos satisfactorios".
En este sentido, ha pedido a la sociedad en general y a las familias en particular que tengan "tolerancia cero" tanto con el fracaso escolar como con la ruptura de la convivencia en los centros educativos, aspectos ambos que ha calificado de "imprescindibles" para la consecución de la universalización del éxito escolar. "En el sistema educativo, el sujeto paciente es el niño, pero el sujeto activo es el conjunto de la sociedad y hasta que ésta no sitúe en tolerancia cero el fracaso escolar, no lo lograremos", ha apuntado.
Una de las medidas que la Consejería de Educación ha puesto en marcha para mejorar los rendimientos escolares del alumnado andaluz y para conseguir la implicación de las familias es el proyecto de orden que regulará la convivencia en los centros escolares y la participación de los padres en la educación de sus hijos. Esta normativa, la primera que en España "eleva a rango de ley" ambos aspectos, se encuentra ahora en fase de información pública para que las organizaciones sociales y sindicales hagan las consideraciones que estimen oportunas. "Estamos a la espera de que se produzca el mayor número de aportaciones porque el objetivo es convertir en aliados para la consecución del éxito escolar tanto a las familias como a los centros", ha reclamado el consejero.
Este proyecto de orden contempla, entre sus principales novedades, la posibilidad de que las familias firmen contratos con los colegios e institutos para fomentar el éxito escolar de sus hijos y una actualización de los protocolos de actuación frente a los posibles casos de acoso escolar, violencia de género, maltrato infantil y agresiones a docentes en las aulas. Tal y como ha ido explicando el consejero a los miembros de la Comisión, esta normativa regulará de forma más sencilla y eficaz la aplicación de las normas de convivencia así como los protocolos de actuación en caso de que éstas se incumplan.
Para ello, incluye cuatro modelos de intervención para hacer frente a los supuestos de acoso escolar, agresiones a docentes, maltrato infantil y, como novedad, la violencia de género en el ámbito educativo. Respecto al acoso escolar, se define como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno producido por compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Además, por primera vez, se recogerá el ciber-acoso, que se concebirá como intimidación, difusión de insulto, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.
Respecto a la protección y asistencia al profesorado, se articularán los mecanismos de apoyo ya previstos en el convenio de colaboración que la Consejería de Educación firmó el pasado mes de septiembre con la Fiscalía Superior de Andalucía. Así, el protocolo dota de protección jurídica al profesorado de los centros públicos y concertados, así como al personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria de la escuela pública, ante agresiones, intimidaciones graves, resistencia activa grave y cualquier otra conducta que tenga la consideración de delito o falta en el Código Penal, ya sea cometida por el alumnado o por cualquier persona que tenga relación con el mismo en el ejercicio de sus funciones.
El documento especifica además la actuación de la Inspección Educativa, la Dirección de los centros y la Delegación de Educación cuando se produzcan estos casos, incluyendo la canalización de la denuncia, bien a las secciones de Menores de las Fiscalías Provinciales, al Juzgado de Guardia o a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, la nueva norma obligará a los centros a registrar todas las incidencias, graves o leves, en materia de convivencia así como sus correspondientes medidas disciplinarias. Se trata, en definitiva, de que también haya "tolerancia cero con los actos incívicos", ha concluido el consejero.
Por otro lado, y con la intención de potenciar el compromiso educativo de las familias, se creará la figura del Delegado de Padres y se impulsará la tutoría electrónica. Pero además, como novedad, los padres podrán firmar voluntariamente un contrato con el colegio o instituto donde estudien sus hijos para implicarse "aún más" en la consecución de su éxito escolar. Existirán don tipos de contratos o "compromisos", uno pedagógico y otro de convivencia.
