Un concejal pide revisar de oficio la adjudicación de Zona ORA de Matalascañas (Huelva) por faltar ordenanza reguladora

ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El concejal no adscrito y portavoz de Almonte 100x100, Miguel Ángel Jiménez, ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) para que se inicie el procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación del contrato de gestión del estacionamiento regulado --Zona ORA-- de Matalascañas.

Según ha indicado el grupo en una nota de prensa, la iniciativa pretende que se analice jurídicamente la validez de una adjudicación realizada en septiembre de 2025, cuando el Ayuntamiento aún no había aprobado ni publicado la ordenanza municipal que debía regular el servicio y establecer sus elementos esenciales, entre ellos las tarifas, los horarios, las exenciones y el régimen sancionador.

En este sentido, Almonte 100x100 ha subrayado que lo que se propone es que el Pleno, como órgano que acordó la adjudicación, "inicie formalmente la revisión y solicite el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, al que corresponderá pronunciarse sobre la posible existencia de una causa de nulidad de pleno derecho".

"Lo que pedimos es que un órgano independiente y cualificado determine si era legal adjudicar un contrato de esta envergadura sin que existiera la norma municipal que debía darle cobertura y definir sus condiciones esenciales", ha señalado Miguel Ángel Jiménez.

El contrato fue adjudicado a la empresa Dornier, S.A. con los votos favorables de los concejales de Ilusiona. Según se recoge en la moción, la adjudicación "se produjo sin que estuviera aprobada la ordenanza reguladora del servicio, pese a que esta debía establecer las condiciones aplicables a las personas usuarias y dar sustento normativo al cobro por el estacionamiento".

Posteriormente, el 5 de mayo de 2026, la Alcaldía dictó un decreto para iniciar la prestación del servicio. La Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía formuló un requerimiento al considerar que la ordenanza "debía ser aprobada por el Pleno, como órgano legalmente competente". El decreto de puesta en marcha fue finalmente anulado por la propia Alcaldía.

La ordenanza reguladora fue sometida a votación en los plenos celebrados los días 15 y 21 de mayo de 2026 y resultó rechazada en ambas ocasiones. Como consecuencia, el contrato permanece formalmente vigente, pero "el servicio no puede prestarse al carecer de una ordenanza aprobada y en vigor que regule su funcionamiento".

Para Almonte 100x100, esta situación genera "inseguridad jurídica" para el Ayuntamiento, los vecinos, los propietarios de Matalascañas y la propia empresa adjudicataria, además de "un posible riesgo económico para las arcas municipales que debe ser afrontado antes de que continúe agravándose".

"No estamos ante un defecto menor que pueda ignorarse. Estamos hablando de una decisión que pretende comprometer durante tres décadas las calles de Matalascañas, condicionar su movilidad y convertir el estacionamiento en un negocio privado de larga duración. Una medida de este alcance no puede construirse sobre atajos", ha valorado Jiménez.

El portavoz de Almonte 100x100 ha insistido en que la formación mantiene su oposición al modelo impulsado por el Gobierno municipal, al entender que supone "hipotecar las calles de Matalascañas durante 30 años" mediante un contrato cuyas consecuencias "afectarán a residentes, propietarios, comerciantes y visitantes durante varias legislaturas".

No obstante, la moción presentada no pretende que el Pleno sustituya a los órganos jurídicos encargados de resolver la cuestión. Su finalidad es abrir el cauce legal previsto en la Ley 39/2015 para que se determine si la inexistencia de una ordenanza reguladora en el momento de la adjudicación afectó a la validez del acto.

"Defendemos una posición política clara contra este modelo de Zona ORA, pero precisamente por eso queremos actuar con absoluta responsabilidad. No pedimos que nadie anticipe una conclusión ni que el Pleno actúe como juez. Pedimos que se investigue la legalidad de lo ocurrido, que se recaben los informes necesarios y que el Consejo Consultivo diga si esta adjudicación puede mantenerse. Queremos sacar a Almonte del callejón sin salida en el que lo ha metido su alcalde", ha manifestado Miguel Ángel Jiménez.