HUELVA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Defensas de los siete acusados por la muerte de Manuel Díaz Calo, el empresario que en octubre de 2008 fue golpeado hasta la muerte en su chalé de Sanlúcar del Guadiana (Huelva), donde fue robada la caja fuerte de su propiedad, han pedido en la última sesión del juicio, en el que ha quedado visto para sentencia, la absolución de los acusados y la nulidad del procedimiento por la falta de pruebas. A su vez, han coincidido en que las que pudiera haber, refiriéndose a la colocación de un micrófono en el furgón policial en el que fueron trasladados, "se han obtenido de manera ilícita y vulnerando sus derechos".
Durante esta última sesión del juicio, se han emitido en sala las escuchas obtenidas de los acusados, de nacionalidad rumana, que han sido traducidas por el intérprete, en las que se ha podido escuchar conversaciones que nombraban "un lugar del crimen", que los agentes encargados de la investigación "habían escuchado todo" y que a uno de ellos le habían interceptado una llamada cuando se encontraba cerca de la casa donde ocurrieron los hechos.
Por su parte, según ha podido confirmar Europa Press, la Fiscalía ha mantenido la fecha de la muerte el día 1 de octubre, a pesar de que varios testigos han asegurado que lo vieron con vida al día siguiente y que la autopsia, según los letrados, "feche la muerte a las 00,00 del día 3 de octubre". A su vez, ha elevado sus conclusiones "conectando el robo con el fallecimiento del empresario".
Por otro lado, varias defensas han dado a conocer sus informes finales desconectando el robo con la muerte de Díaz Calo, sobre todo los abogados de los procesados como cooperadores necesarios, contra los que, a su juicio, "no hay ningún tipo de indicio objetivo".
Durante las ocho sesiones del juicio han declarado varios testigos que aseguraron que vieron con vida al empresario el día 2 de octubre, así como testigos protegidos, sin que la juez del tribunal de la Sección Tercera no permitiera que se le diera publicidad a sus testimonios y despejara la sala.
DECLARACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
Cabe recordar que en la segunda sesión un agente de la Policía Judicial de la Guardia Civil y que participó en la inspección ocular, indicó que la declaración de estos testigos protegidos fue fundamental para la detención de los siete acusados --dos de ellos procesados como cooperadores necesarios--, ya que "sus declaraciones eran compatibles entre sí, sin conocerse de nada", indicando además que "se complementaban con hechos objetivos", cotejados por la Guardia Civil.
Así, el agente, que mostró en una pantalla imágenes de la vivienda donde sucedieron los hechos, precisó que estos testigos culpan a uno de los acusados como cooperador necesario de haber ofrecido información a "un grupo de rumanos" para que asaltaran la casa, a lo que añadió que éste ya había ofrecido la misma información a un grupo de españoles con anterioridad, que finalmente no realizaron el asalto.
De igual modo, manifestó que otro de los testigos aseguró que el reloj Rolex, hallado en el interior de la caja fuerte robada por los acusados, fue vendido posteriormente en Rumanía, indicando además que "todos los testigos protegidos coinciden en estas cuestiones".
En cuanto a la fecha de la muerte, este mismo agente subrayó que barajan el 1 de octubre de 2008 después de indicar otro testigo que vio el coche de la víctima abandonado a las 00,10 horas del día 2 y que tras tener mucha actividad el teléfono de Díaz Calo ese mismo día, a partir de las 20,00 no atiende a una llamada, sin embargo, por el estado del cuerpo tras ingresar en el tanatorio el día 6 de octubre, la horquilla de la muerte se situaba entre las 23,00 horas del 1 de octubre y las 22,00 del día 3.
Durante la primera sesión declararon los siete acusados, negando los hechos o no contestando a las preguntas del fiscal, y los abogados pidieron la nulidad de algunas pruebas, al creer que se han obtenido vulnerando derechos fundamentales, al igual que han hecho este lunes, sesión en la que el juicio ha quedado visto para sentencia.
