La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Laura Martín Murillo, junto a representantes de entidades que trabajan con temporeros en el Entorno de Doñana. - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA
HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Laura Martín Murillo, ha instado este martes a las administraciones competentes a que aprovechen los fondos del Marco de Actuaciones de Doñana que se ponen a disposición para "mejorar la situación de las condiciones de los temporeros de la provincia de Huelva".
Así lo ha señalado la comisionada durante un encuentro, junto con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, este martes en la Universidad de Huelva con las principales organizaciones sociales que trabajan en la inclusión social y la defensa de los derechos de los temporeros agrícolas de origen extranjero en el entorno del Espacio Natural de Doñana.
En este sentido, la comisionada del Ciclo del Agua ha asegurado que el Gobierno "está haciendo todo lo que está en su mano", de hecho, ha puesto de relieve que el Ministerio ha incorporado en sus políticas de transición ecológica, "medidas sociales que dejan claro que la sostenibilidad no solo pasa por la restauración ambiental". "Por eso, instamos a las administraciones competentes a que aprovechen los fondos que se ponen a disposición para solucionar la situación", ha incidido.
Así, el Ministerio ya ha movilizado 22 millones de euros en los dos últimos años para contribuir a acabar con el chabolismo en el entorno de Doñana y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores migrantes. En total, y hasta 2027 prevé invertir 33 millones de euros en estas medidas.
Por su parte, la subdelegada en Huelva ha asegurado que el Gobierno tiene "un compromiso en este ámbito, por una cuestión de humanidad, por una cuestión de sensibilidad social y por una cuestión de política migratoria que tiene que ser importante en Huelva, no solamente con este proceso que conocéis de regularización, en la que más de 10.000 personas de Huelva se van a intentar incorporar al mercado, sino también por un compromiso con la inclusión y la garantía de derechos".
En el encuentro, Martín ha informado a los representantes de las asociaciones de los avances y los desafíos del desarrollo de las medidas previstas en el Marco de Actuaciones para Doñana para "mejorar las condiciones de vida de los temporeros migrantes y otros colectivos vulnerables".
La comisionada ha subrayado que lo "inédito" no es solo la cifra disponible para inversiones en este capítulo, sino "el diseño", ya que "por primera vez, un marco de restauración ambiental financia también vivienda y servicios sociales para los temporeros del entorno, con el esfuerzo coordinado de tres ministerios ---Transición Ecológica y Reto demográfico; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Vivienda-- desde 2025.
"Restaurar Doñana y dignificar la vida de quienes trabajan en su entorno no son dos políticas distintas: son parte del mismo proyecto", ha resumido Martín Murillo, que ha animado a las organizaciones sociales a participar en el diseño de los proyectos municipales, aportando ideas directamente a las corporaciones locales para que los fondos disponibles se absorban lo antes posible.
PROYECTOS
Las subvenciones para iniciativas locales de los catorce municipios del área socioeconómica del espacio natural, en lo relativo a la inclusión social e inmigración, se han destinado a reforzar los servicios sociales, administrativos o jurídicos de los ayuntamientos, lo que supondrá la implantación o la mejora de los sistemas de atención social e itinerarios sociolaborales personalizados e integrales.
Según los datos de la Oficina Técnica de Doñana, ya se han contratado a 44 personas y está prevista la contratación de 13 personas más. Estas ayudas también están financiando actividades educativas y de sensibilización para prevenir discursos de odio, racismo y xenofobia.
En materia de vivienda, se ha ofrecido a los municipios de Lucena, Palos de la Frontera y Moguer financiar proyectos integrales, ya que son los tres municipios del entorno del parque con asentamientos chabolistas. Algunas de estas medidas más inmediatas ya están en marcha o en tramitación, como el equipamiento de un centro de estancia temporal para trabajadores agrícolas extranjeros, o la construcción de más de 40 viviendas en Moguer.
LOS MARCOS PARA DOÑANA DEL MITECO
El Gobierno de España ha diseñado, a través del Ministerio, dos Marcos de Actuaciones para Doñana, pioneros en su aplicación y que conjuga restauración ambiental y sensibilidad social, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno. En total, está prevista una inversión de forma directa de más de 700 millones de euros hasta 2028, desde una perspectiva multidisciplinar que implica ya a doce ministerios.
La Oficina Técnica de Doñana, coordinada por el Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio, es la encargada de realizar el seguimiento de la ejecución de la inversión de estos planes desde el propio territorio.
ASENTAMIENTO DE PALOS
Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre las competencias del Gobierno tras el último incendio en un asentamiento en Palos de la Frontera el pasado 6 de julio, Murillo ha señalado que "las administraciones hacen lo que la ley marca que tienen que hacer".
"Creo que desde un punto de vista radicalmente transformador, el gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer desde el punto de vista de sus competencias, que es la apuesta por la regularización de migrantes. Esa era la apuesta fundamental en la que podíamos trabajar", ha comentado.
Al respecto, la comisionada ha señalado que el Gobierno "solo puede poner a disposición fondos y una cantidad importantísima para Doñana por ese compromiso de trabajar de una manera conjunta realidades socioambientales", pero "no puede, porque la ley no lo permite, llevar agua a los asentamientos o recoger la basura".
"Por eso, lo que hacemos es trabajar con quienes sí son competentes de dos maneras. Uno, dándoles la posibilidad de financiar al cien por cien muchas de esas actuaciones; y, dos, mediante el asesoramiento, ya que tenemos compañeros de diferentes ministerios que ayudan a los ayuntamientos a poner en marcha esos proyectos".
Por otro lado, la comisionada ha calificado de "desafortunadas" las palabras de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, en la que acusaba al Gobierno de "falta de actuación" ante el problema de los asentamientos.
"Tras el incidente, todas las administraciones lo que tenemos que hacer es, dentro de nuestras competencias, dar lo mejor y lo que espera la sociedad es que demos lo mejor de nosotros mismos, porque al final del camino está la gente y la gente es lo primero. Entonces son unas declaraciones creo que desafortunadas", ha abundado.
Al respecto, ha explicado que el Gobierno viene trabajando con el Ayuntamiento de Palos, "es verdad que con unos tiempos más largos en algunas cuestiones". "En las últimas semanas sí que hemos visto que nos han remitido documentación con la que podremos empezar por fin a hacer algunas actuaciones, con lo cual me voy a quedar con la colaboración y con el optimismo en vez de quedarme con las declaraciones desafortunadas", ha incidido.