LEPE (HUELVA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los afectados por el derrumbe de la calle Peral de Lepe (Huelva) remitirán al Juzgado de Ayamonte el decreto del Ayuntamiento lepero declarando la ruina de las 13 VPO de la calle Peral de la localidad que se derrumbaron en 1998 y por las que los vecinos iniciaron una batalla judicial, con el objetivo de que el juicio administrativo "salga lo antes posible".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de los afectados, Joaquín Serra, recordó que, por la vía penal, el juicio acabó con la absolución de los nueve arquitectos y constructores imputados, aunque este juicio, celebrado en abril y resuelto en mayo de 2004, dejó abierta la vía de la reclamación administrativa, que es la que ahora esperan los vecinos.
Ya se celebró una audiencia previa el pasado 14 de marzo, en la que fueron admitidas las demandas de los afectados, en las que reclaman una vivienda nueva y el pago de los gastos de arreglos en las viviendas y las consecuencias de haber desalojado las mismas, aportados por los propios vecinos.
Y es que Serra consideró que el decreto de ruina que ha emitido el Ayuntamiento lepero "es determinante para demostrar las deficiencias con que fueron entregadas estas viviendas", que costaron a cada uno de sus propietarios 84.000 euros "que han seguido pagando desde entonces pese a no poder disfrutar de las viviendas".
En este sentido, confió en que el juicio "se celebre cuanto antes y se arregle la situación de estas viviendas, que suponen un peligro añadido porque están situadas en una calle muy transitada porque se encuentran junto al instituto La Arboleda".
El derrumbe de las viviendas, de Protección Oficial de Promoción Privada, de la calle Peral tuvo lugar el 18 de agosto de 1998, cuando se produjo el hundimiento repentino de la unidad estructural que conformaban los inmuebles número 1-3-5, "como consecuencia de diversas anomalías concurrentes que realizaron los acusados durante el proceso constructivo", según el escrito del fiscal en el juicio celebrado por la vía penal.
Según el fiscal, la estructura de los muros de carga "resultó absolutamente inadecuada a la finalidad que le era propia", una circunstancia que califica como "particularmente grave" y "previsible a la hora del diseño".
Asimismo, añadía que los muros presentaban "importantes deficiencias en cuanto a la calidad de los materiales empleados por los contratistas acusados", ya que "construyeron con ladrillos huecos, que presentaban cambios de tonalidad, diferentes grados de cocción y con valores de resistencia a compresión muy inferiores a las exigidas por las normas de buena construcción".
Por ello, la acusación pública consideraba que cada uno de los nueve imputados, entre administradores, arquitectos, técnicos y albañiles, debían pagar una multa de unos 21.700 euros, así como indemnizar a los 13 propietarios con el pago de la vivienda y de los enseres que contenía, tasados en 1,1 millón de euros, aproximadamente.
Esta cifra es la suma de los alrededor de 84.000 euros que costó cada piso y del precio de los objetos del interior, que oscilan entre los 24.000 y los 600 euros. Además, el Ministerio Público pide que los acusados abonen a cada uno de los propietarios, en concepto de daño moral sufrido, 18.000 euros.
Por su parte, la acusación particular mantenía las mismas peticiones que el fiscal, aunque solicita un incremento de la indemnización por daños morales hasta los 30.000 euros, mientras que la defensa de los arquitectos pedía la libre absolución de sus clientes.
No obstante, los imputados resultaron absueltos y ahora los propietarios pedirán en el juicio por la vía civil, que podría celebrarse en unos dos o tres meses, que "se construyan de nuevo las viviendas con el proyecto y los materiales acordados inicialmente".
