LEPE (HUELVA), 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Lepe (Huelva), merced al informe de un técnico independiente, decretará la próxima semana la ruina de las 13 VPO de la calle Peral de la localidad que se derrumbaron en 1998 y por las que los vecinos iniciaron una batalla judicial que, por la vía penal, acabo con la absolución de los nueve arquitectos y constructores imputados, según informó a Europa Press el alcalde lepero, Manuel Andrés González (PP).
No obstante, este juicio, celebrado en abril y resuelto en mayo de 2004, dejó abierta la vía de la reclamación administrativa, que es la que ahora inician los vecinos, toda vez que en la audiencia previa celebrada el pasado 14 de marzo, fueron admitidas las demandas de los afectados, indicó a Europa Press el portavoz de los mismos, Joaquín Serra.
En este sentido, consideró que el decreto de ruina que emitirá el Ayuntamiento lepero "será determinante para demostrar las deficiencias con que fueron entregadas estas viviendas", que costaron a cada uno de sus propietarios 84.000 euros "que han seguido pagando desde entonces pese a no poder disfrutar de las viviendas".
El alcalde de Lepe, por su parte, informó de que el Ayuntamiento ha enviado un informe sobre el estado de las viviendas a cada una de las partes afectadas, antes de emitir el correspondiente decreto de ruina de estas viviendas que sus propietarios llevan esperando casi nueve años.
El derrumbe de las viviendas, de Protección Oficial de Promoción Privada, de la calle Peral tuvo lugar el 18 de agosto de 1998, cuando se produjo el hundimiento repentino de la unidad estructural que conformaban los inmuebles número 1-3-5, "como consecuencia de diversas anomalías concurrentes que realizaron los acusados durante el proceso constructivo", según el escrito del fiscal en el juicio celebrado por la vía penal.
Según el fiscal, la estructura de los muros de carga "resultó absolutamente inadecuada a la finalidad que le era propia", una circunstancia que califica como "particularmente grave" y "previsible a la hora del diseño".
Asimismo, añadía que los muros presentaban "importantes deficiencias en cuanto a la calidad de los materiales empleados por los contratistas acusados", ya que "construyeron con ladrillos huecos, que presentaban cambios de tonalidad, diferentes grados de cocción y con valores de resistencia a compresión muy inferiores a las exigidas por las normas de buena construcción".
Al respecto, aseguraba que el material se degradaba "con suma facilidad al saturarse de humedad" porque en el proyecto "no se contempló un sistema eficaz de ventilación de las cámaras ni de evacuación de aguas pluviales para evitar su inundación".
DEFICIENCIA EN MATERIALES
En este sentido, el escrito de la acusación pública precisaba que los aparejadores acusados no adoptaron durante el proceso constructivo "ninguna medida correctora en cuanto a la deficiente calidad de los materiales empleados ni en lo que respecta a la deficiente construcción de las fábricas".
Tras producirse el siniestro, el alcalde del municipio --José Oria (PSOE) en ese año-- acordó el inicio de las labores de derribo de la unidad estructural y el desalojo cautelar de todas las viviendas hasta la número 9, orden que extendió el 26 de agosto de 1998 a los restantes inmuebles de la promoción, "al constatarse en sus últimas viviendas fisuras y roturas por compresión de la fábrica de ladrillo".
Como consecuencia de estos hechos, el fiscal destacaba que los propietarios perdieron sus viviendas y los enseres que contenían --tasados en más de un millón de euros--, no obstante, "continuaron soportando el abono de las cuotas hipotecarias que gravaban los inmuebles dañados y han sufrido un evidente quebranto anímico, al quedar en una muy precaria situación económica".
Por ello, la acusación pública consideraba que cada uno de los nueve imputados, entre administradores, arquitectos, técnicos y albañiles, debían pagar una multa de unos 21.700 euros, así como indemnizar a los 13 propietarios con el pago de la vivienda y de los enseres que contenía, tasados en 1,1 millón de euros, aproximadamente.
Esta cifra es la suma de los alrededor de 84.000 euros que costó cada piso y del precio de los objetos del interior, que oscilan entre los 24.000 y los 600 euros. Además, el Ministerio Público pide que los acusados abonen a cada uno de los propietarios, en concepto de daño moral sufrido, 18.000 euros.
Por su parte, la acusación particular mantenía las mismas peticiones que el fiscal, aunque solicita un incremento de la indemnización por daños morales hasta los 30.000 euros, mientras que la defensa de los arquitectos pide la libre absolución de sus clientes.
No obstante, los imputados resultaron absueltos y ahora los propietarios pedirán en el juicio por la vía civil, que podría celebrarse en unos dos o tres meses, que "se construyan de nuevo las viviendas con el proyecto y los materiales acordados inicialmente", si bien Serra manifestó que, "detrás de todo esto, ha estado el interés porque vendiéramos los inmuebles porque las VPO están situadas en una de las mejores zonas de Lepe".
