HUELVA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
IU presentará una iniciativa en el Parlamento Europeo para "poner en conocimiento los agravios y la nefasta gestión" de la Junta en el Plan Almonte-Marismas del entorno de Doñana, ordenado por una Comisión de Expertos de la Unión Europea y que en 1997 perseguía la recuperación de unas 1.300 hectáreas destinadas entonces a la agricultura intensiva.
En rueda de prensa, el coordinador de IU en Huelva, Pedro Jiménez, anunció un acuerdo con los 160 cooperativistas de la Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte-Marismas que optaron en 1997 por abandonar sus tierras ante las condiciones impuestas por la Junta para "pedir al Parlamento una comisión de investigación por los incumplimientos de la Consejería de Agricultura y Pesca de las condiciones impuestas para este abandono, de forma que favoreció a los cooperativistas de unas 300 hectáreas que decidieron continuar con la actividad agrícola".
El presidente de esta comisión, Juan Gamero, acusó a la Junta de "incumplir" los acuerdos de 1997 firmados entre la Junta y los concesionarios de tierras de cultivo en este plan para cumplir el Dictamen de la Comisión Internacional de Expertos sobre estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana de 1992.
Según explicó, este dictamen "obligaba a la reubicación de cultivos intensivos en otras zonas evitando el contacto directo con el Parque Nacional de Doñana y alejándolos del Arroyo de la Rocina, a fin de reducir la presión sobre los acuíferos", de forma que se establecía, como solución, "acceder a la propiedad de las tierras con unas condiciones que los cooperativistas de esta comisión no pudieron asumir, por lo que optaron por abandonar las tierras".
Entre las condiciones para el acceso a la propiedad, estaba "el pago de todas las deudas con la Administración y la prohibición de la venta de las tierras a las que se accedía en el plazo de ocho años, exigiéndose el acceso a la propiedad de forma casi inmediata a aquel acuerdo".
En este contexto, Gamero aseguró que, "una vez que los concesionarios de la Comisión optaron por el abandono, la Junta permitió el acceso a la propiedad al resto en condiciones mucho más ventajosas a las inicialmente pactadas, permitiendo de esa forma que muchos hayan realizado operaciones de compraventa de los terrenos concedidos por la Administración con unas plusvalías millonarias".
SIN DEUDAS.
Igualmente, resaltó que, en todos los casos, "se ha condonado, sin Ley habilitante alguna, deudas con las administraciones públicas e incluso se ha esperado a algunos concesionarios más de diez años para perfeccionar el acceso a la propiedad".
Con estos argumentos, Gamero indicó que sus representados "han sido literalmente estafados por las irregularidades cometidas por la Delegación de Agricultura y Pesca en Huelva, que ha creado un clarísimo perjuicio a los concesionarios acogidos a la retirada de cultivo, al mejorar sustancialmente y de forma unilateral las condiciones de acceso a la propiedad".
De la misma forma, acusó a la Administración andaluza de "hacer millonarios a los concesionarios acogidos al acceso a la propiedad y de permitir que la propiedad pase de ser pública a privada, intensificándose la agricultura al límite del parque de Doñana".
Además, aseguró que "se han producido auténticos regalos porque se ha permitido el acceso a mayor número de hectáreas de las que inicialmente eran concesionarios, por precios absolutamente irrisorios en relación con el precio de mercado de dichas hectáreas".
DENUNCIAS.
Por todo esto, los cooperativistas afectados han presentado una reclamación por la vía contenciosa-administrativa por la que piden que el proceso de aplicación del Plan Almonte-Marismas "se retrotraiga a su fase inicial para que todos los afectados cuenten con las mismas facilidades que posteriormente se han dado a los que decidieron continuar con la actividad".
Tras reconocer que la actividad en esta zona "es muy complicada", los afectados han establecido una indemnización de 28.000 euros por hectárea, en función de los beneficios que se han obtenido por parte de los beneficiados por la flexibilidad de las condiciones", al tiempo que destacó que los cooperativistas que abandonaron la actividad "han seguido defendiendo la protección de Doñana con la reforestación de sus terrenos, para lo que reciben unas ayudas de casi 600 euros por hectárea al año por un periodo de 20 anualidades".
Por su parte, IU pedirá en el Parlamento, cuando éste renueve su periodo de sesiones, la creación de una comisión negociadora que "restablezca los agravios cometidos"; así como presentará una proposición no de Ley para que "se pongan en marcha medidas para resolver los problemas de gestión del Plan Almonte-Marismas", ya que, "lejos de recuperar los terrenos afectados para Doñana, han incrementado la superficie de agricultura intensiva", según indicó Gamero.
