HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma en Defensa del Río Piedras, Ecologistas en Acción, IU-Los Verdes por Andalucía de Cartaya (Huelva), la Asociación de Vecinos del Rompido, Greenpeace, WWF/Adena y más de 1.500 ciudadanos han solicitado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cartaya la creación de un parque litoral en El Rompido, concretamente en la zona conocida como la Barreta.
En una nota, WWF/Adena aseguró que en este enclave la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y el Ayuntamiento de Cartaya "pretenden construir una dársena para 500 embarcaciones de recreo", por lo que criticó que este proyecto "tiene un impacto ambiental crítico e irreversible y, por tanto, inadmisible desde el punto de vista ecológico, biológico y paisajístico, además de vulnerar la normativa europea".
En este sentido, la organización ecologista informó de que el paraje natural de la Barreta está protegido como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y es un paisaje litoral de interés preferente, "que da cobijo a numerosa fauna y flora protegida, alguna de ella catalogada en peligro de extinción", razones por las cuales, según consideró, "alberga valores suficientes para su declaración como parque litoral".
De este modo, puso de manifiesto que todas estas organizaciones ecologistas y ciudadanas "consideran que el proyecto planteado, que contempla la excavación de 500.000 metros cúbicos de marismas protegidas, es innecesario", por lo que propuso una alternativa que consistiría en colocar una marina flotante dentro del propio río Piedras, "tal y como se ha hecho en otras ocasiones por la Junta de Andalucía, incluso en el mismo Rompido".
Así, WWF/Adena explicó que la marina flotante "daría el mismo servicio a las embarcaciones, sin ser una estructura permanente e irreversible, resultando más acorde con el desarrollo sostenible del entorno del río Piedras".
Por todo ello, señaló que, para las organizaciones promotoras del parque litoral, "el proyecto del puerto deportivo no es justificable, es manifiestamente insostenible y no se puede llevar a cabo a costa de la destrucción de una zona LIC". "Sólo responde a la presión de varias empresas inmobiliarias de la zona que piensan que su instalación sería una oportunidad para vender más viviendas y a un precio mayor que el actual", concluyó.