Huelva.-Tribunales.-TSJA suspende el POT del Litoral Occidental, aunque la Junta afirma que "sólo hay defectos de forma"

HUELVA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un auto judicial por el que suspende el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Litoral Occidental de Huelva aprobado en julio de 2006, merced al recurso presentado por el entonces alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (PP), si bien la Junta achacó hoy este auto a "sólo defectos de forma".

En rueda de prensa para presentar la I Feria Gastronómica de El Andévalo, el delegado del Gobierno andaluz en funciones en Huelva, Justo Mañas, destacó que la Consejería de Obras Públicas va a presentar un recurso de casación contra este auto, por lo que incidió en que el documento de planeamiento "sigue vigente y va a seguir aplicándose".

A su juicio, el POT "es la mejor herramienta para compaginar el desarrollo urbanístico con el respeto al medio ambiente en las zonas con alto valor en este sentido de la provincia" y recordó que los alcaldes de todos los pueblos afectados, a excepción de Punta Umbría, "estaban de acuerdo con él", por lo que confió en que "no se suspenda el plan".

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 27 de junio de 2006 el POT que recoge las pautas territoriales para fomentar el desarrollo económico sostenible en esta comarca de cerca de 70.000 habitantes, integrada por los municipios de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, San Silvestre de Guzmán y Villablanca, y que prevé inversiones por valor de 371,73 millones de euros.

La nueva planificación se concreta en unas inversiones de 371,73 millones destinada a hacer compatible el potencial económico de la zona, basado en la agricultura y el turismo, con la preservación de sus recursos naturales y culturales.

No obstante, el Ayuntamiento de Punta Umbría presentó un recurso contra la aprobación de este plan alegando "defectos de forma que lo hacían nulo de pleno derecho", después de que se rechazara su petición de "habilitar zonas de desarrollo en la localidad que, por sus condiciones de protección, no tenía contemplada ninguna", según esgrimía Hernández Cansino.