HUELVA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Delegada provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Carmen Lloret Miserachs, expresó esta mañana, que durante el ejercicio en curso se han llevado a cabo 23 adopciones y menores 15 están actualmente en proceso pre adoptivo.
Según informó la Junta en una nota, la ocupación actual de las 27 casas, pisos o viviendas de protección --240 plazas de capacidad-- mantienen un porcentaje similar a los últimos datos sobre el sistema de protección facilitados por la Delegación, y que se refiere a un 97 por ciento de ocupación.
Por su parte, la delegada de Igualdad de la Junta de Andalucía, Carmen Lloret, aseguró que la Delegación que representa "actúa de forma muy escrupulosa cuando se trata de proteger a menores en riesgo social".
En este sentido, Lloret precisó que, conforme a la normativa, las denuncias que llegan a la Delegación Provincial y los casos detectados de riesgo en Huelva son estudiados "minuciosamente" para adoptar, si procede, medidas de protección como el acogimiento familiar o el acogimiento en viviendas de protección.
A este respecto, la delegada de Igualdad matizó que "el acogimiento de menores en las 27 viviendas de protección de Huelva y la provincia constituye una alternativa válida a la separación del menor de su familia biológica, cuando los informes y estudios recabados, concluyen que ésta no puede atenderlo adecuadamente".
Por ello, aseguró que las viviendas de protección onubenses tienen como objetivo "velar por la integridad física y moral de los menores que, en algún momento, se han visto desprotegidos por los tutores o padres biológicos y proporcionarles un entorno favorable para desarrollarse".
"NO SON CENTROS DE REFORMA"
Asimismo, recalcó que las viviendas de protección siguen el modelo familiar, cuentan con normas de convivencia, refuerzo de las actividades educativas o personales y, por tanto, son espacios abiertos a la comunidad, a diferencia de los centros de reforma para menores infractores que compete a la Administración de Justicia.
Además, Lloret aclaró que, "si las conductas de los menores en las viviendas, pudieran constituir faltas o delitos de acuerdo con el Código Penal, éstas son comunicadas de inmediato por la dirección de la vivienda a la Delegación Provincial y denunciadas ante el Ministerio Fiscal".
La Delegada provincial señaló que la medida de protección no es una situación definitiva y que pueden darse eventualidades que pongan fin al acogimiento en viviendas como es el caso de la reunificación del menor con la familia biológica, la adopción, el acogimiento en familia con parentesco o biológica y la mayoría de edad.
Sobre este último punto, Lloret subrayó que los programas de emancipación y de mayoría de edad en los centros de Beas y Aracena que favorecen la integración socio laboral de los menores tutelados que han cumplido o se acercan a los 18 años.
