Juan José Cortés considera la prisión permanente revisable "un éxito" de la sociedad y de todos los padres afectados

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz que murió asesinada en Huelva en enero de 2008 a manos de Santiago del Valle, condenado a 22 años de prisión, ha considerado este viernes que la nueva reforma del Código Penal que plantea la imposición de la prisión permanente revisable para supuestos de magnicidio, genocidio o terrorismo, así como asesinatos múltiples o asesinatos en las que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable que sufra algún tipo de discapacidad o no haya podido defenderse, es "un éxito" de la sociedad y de los padres afectados por la muerte de algún hijo.

En declaraciones a Europa Press, Juan José Cortés ha asegurado sentirse con "un sabor agridulce" porque se ha tenido que "luchar mucho para conseguir algo necesario para la sociedad y satisfacer una carencia que tenía la justicia española".

En este sentido, ha remarcado que con esta nueva reforma "se va a hacer justicia a las víctimas que han sufrido un delito grave, como ha pasado en los últimos años". A su juicio, gracias a esta imposición de cadena perpetua revisable "se van a salvar muchas vidas", por lo que considera este hecho como "un paso más" en su lucha.

Por último, tras este anuncio, Cortés ha felicitado a la sociedad en general y a los padres afectados en particular.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado un informe realizado por expertos que tiene "plenamente encaje constitucional", según un estudio del Consejo de Estado que aseguraba que la figura de la prisión permanente revisable no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo.

Según indica Gallardón, el propósito de endurecer el castigo en delitos "especialmente reprochables" es el que ha impulsado la modificación de la normativa penal.

Además de los delitos de terrorismo, a los que el ministro ya había hecho mención en anteriores ocasiones, el informe plantea el "máximo reproche penal" en determinados actos de tal "brutalidad" en los que las víctimas sean menores de 16 años, o personas con discapacidad especialmente vulnerables y que tras la agresión sexual se produzca el asesinato.