HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, apuntó hoy que en la hoja de ruta presentada por la Administración para buscar una solución a la situación de Astilleros, "alguien tiene que asumir por qué la empresa debe 240 millones de euros", ya que se trata de una compañía "privada que desde hace mucho tiempo ha decidido con absoluta libertad cómo, cuando y con qué márgenes construía".
En declaraciones a los periodistas, antes de la firma un convenio de colaboración con la Universidad de Huelva para la realización de prácticas profesionales por parte de los estudiantes en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Fernández insistió que Astilleros, "como empresa privada, ha tenido a lo largo del tiempo apoyo porque el Gobierno andaluz considera que la industria naval es importante".
El consejero apuntó que "ha llegado un momento en que, por la gestión acertada o no de la empresa, Astilleros tiene un pasivo de 240 millones de euros, algo en lo que la Junta no ha colaborado", a lo que añadió que "hay miles de empresas privadas que, por desgracia, se encuentran en iguales circunstancias".
En este sentido, dejó claro que "sólo la claridad que tiene el Gobierno andaluz respecto a la importancia del sector naval lleva a la Junta a realizar una hoja de ruta para arreglar con dinero público lo que ha originado la gestión privada".
"Orientar las culpas hacia la Junta de Andalucía no es el camino hacia la solución, ya que la Administración trabajará para que Astilleros tenga un futuro", para lo que tiene que haber "un responsable y un nuevo dirigente", espetó el consejero.
En cuanto a la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), Fernández manifestó que en la hoja de ruta se especifica que "el empresario tendrá que pagar los salarios y si se plantea el ERTE es un elemento de garantía de percepción de los mismos", algo que "no es una decisión de la Junta, sino de una mesa que hay abierta con la Administración y los sindicatos".
Por último, concluyó que la Administración es "intermediaria porque comparte la preocupación de la ciudadanía, la cual quiere actividad de Astilleros en Huelva", pero el Gobierno andaluz "ni es propietaria ni ejecuta decisiones, sino que actúa en función de los intereses de la mayoría de los ciudadanos".