La Junta y Upeco acuerdan iniciar acciones para agilizar los pagos pendientes de las administraciones

Construcción.
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 31 mayo 2011 20:37

HUELVA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente y el secretario General de la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva (Upeco), Francisco Urbano, ha mantenido una reunión con el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, en la que se ha acordado la puesta en marcha de acciones conjuntas para ayudar a que se agilice el pago de las certificaciones de obras pendientes por obras realizadas a las empresas del sector de la construcción de Huelva.

Según ha informado Upeco en una nota, esta reunión se produce como continuación al acuerdo alcanzado el pasado 5 de mayo de 2011 y las gestiones para la agilización del pago de certificaciones de obras pendientes se realizarán ante todas las administraciones: estatal, autonómica, provincial y local.

De este modo, para dicha agilización por parte de la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía se facilitará un canal de comunicación directo con las distintas administraciones y se estudiarán fórmulas para evitar que el retraso en el pago de certificaciones pueda afectar de forma grave a aquellas empresas que pudieran encontrarse en situación de graves problemas de liquidez.

Desde Upeco se ha expuesto al delegado de gobierno que el retraso en el pago de certificaciones --junto a la falta de actividad-- supone uno de los principales problemas con los que se enfrenta el sector de la construcción en estos momentos.

Durante la reunión mantenida se ha trasladado al delegado de Gobierno el documento de 'Propuestas para la reactivación del sector de la construcción', elaborado por la organización empresarial, que contiene las medidas que desde el sector se deberían aplicar para conseguir la recuperación de un sector que debe volver a ser el motor de la generación del empleo.

Entre las medidas expuestas al Delegado se encuentran la necesidad de reducir el stock de vivienda, el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, los compromisos institucionales o la reducción de la presión fiscal sobre la construcción y de los trámites administrativos, entre otras.