La Fiscalía pide 90 años de prisión para los tres acusados así como el pago 1.140 euros por las faltas de maltrato de obra y de amenazas
HUELVA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva acoge este martes a partir de las 9,30 horas el juicio contra tres hombres acusados de cometer delitos contra la integridad moral, un delito continuado contra los derechos de los trabajadores por imposición coactiva de condiciones laborales, cuatro delitos de acoso sexual, cinco faltas de maltrato de obra y dos de amenazas a 24 trabajadoras extranjeras y a un trabajador, de distintas nacionalidades, contratados para trabajar en una finca propiedad de uno de los acusados, según reza en el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.
Este juicio se celebra este martes después de que el pasado 27 de octubre fuera aplazado porque no se presentaron a declarar las tres únicas personas de estas 25 que habían sido localizadas y requeridas por esta causa, pero que finalmente no se personaron en la sala el citado día.
En esas fechas, el letrado de uno de los acusados, Nicolás Morón de Cárdenas, explicó que en el caso de que también fuera fallida esta segunda citación, "lo más probable es que se utilice como prueba la que se preconstituyó en los juzgados de Moguer el 22 de abril de 2009, en la que se grabó en vídeo la declaración de los 25 testigos", de los que ahora tan sólo han localizado a tres.
Los hechos se remontan al año 2009 y el Ministerio Fiscal asegura que el trato de los acusados con estas trabajadoras era "permanentemente agresivo y despectivo, afectando de este modo gravemente a la propia autoestima de los citados". Del mismo modo, estas personas sometían a estas empleadas en la jornada laboral a "una vigilancia estrecha hasta el punto de obligarlas a hacer sus necesidades en el mismo campo y prohibiéndoles ir a sus alojamientos a buscar agua, de forma que no podían abandonar el puesto de trabajo ni siquiera en los casos de mareo o fatiga por la sed".
Igualmente, según relata la Fiscalía, los acusados "faltaban el respeto a la intimidad" de las trabajadoras al entrar en sus aposentos sin el consentimiento de las mismas, haciendo uso "en algunas ocasiones de la fuerza física y exigiendo en otras favores sexuales para garantizar la continuidad del trabajo de las empleadas".
Al mismo tiempo, estos tres acusados "imponían mediante amenazas y coacciones condiciones laborales abusivas tales como efectuar diez horas diarias; no respetar el tiempo mínimo para el almuerzo; no permitirles días libres y no pagar las horas extras".
En uno de estos episodios, concretamente cuando fue despedido un trabajador rumano que trabajaba en la citada finca "tras amenazarlo con una escopeta de caza", varias empleadas se encerraron durante dos días en sus viviendas "atemorizadas" cuando hizo acto de presencia una pareja de guardias civiles, momento en el que uno de los acusados se dirigió al citado trabajador diciéndole que "abandonara la finca o acabaría con su vida".
Por todo ello, la Fiscalía ha pedido 90 años de prisión entre los tres acusados por los delitos supuestamente cometidos, así como el pago 1.140 euros por las faltas de maltrato de obra y de amenazas. Durante la vista oral, está previsto que declaren funcionarios de la Guardia Civil y las 25 trabajadores afectados.
RECHAZO DE UGT
Por su parte, el sindicato UGT-Huelva ha mostrado su total rechazo a esta situación a la que ha tildado de "tiempos pasados" en los que el empresario "podía hacer cualquier cosa con las personas que tenía a su cargo".
Los hechos denunciados y que serán juzgados, a juicio del sindicato, ponen de manifiesto "el total abuso" que algunas personas mantienen sobre sus trabajadores y trabajadoras, "aprovechándose de ellos y ellas para lograr cualquier fin".
Desde UGT Huelva muestran su total rechazo a las prácticas empresariales que "maltraten y destrocen los derechos de cualquier trabajador o trabajadora, ya sea en el campo como en cualquier otra actividad". Este tipo de acciones pone de manifiesto que la seguridad en el trabajo es "primordial" y una buena calidad en el mismo necesaria para evitar situaciones como las sucedidas en este caso.
Por su parte, el secretario de Igualdad de UGT Huelva, Javier Pérez, ha criticado este tipo de actuaciones que ponen de manifiesto las situaciones que "sufren los colectivos inmigrantes y especialmente mujeres explotadas por una serie de empresarios que no tienen escrúpulos en explotar a personas como si fueran ganado".
Por todo ello, UGT-Huelva exige un mayor control a las autoridades laborales para evitar que se vuelvan a repetir situaciones "tan repudiables" como las denunciadas con anterioridad, que no deberían suceder en los tiempos actuales. De igual forma, han pedido una condena ejemplar que frene de raíz este tipo de "prácticas abusivas" en contra de los derechos sociales y laborales de los trabajadores.
