HUELVA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La fiscal en el juicio a once personas, por pertenecer supuestamente a una red acusada de introducir en agosto de 2011 más de 3,6 toneladas de hachís por el puerto de Isla Cristina (Huelva), ha retirado los cargos a una de estas y ha rebajado en al menos un año las penas a los cincos que se conformaron con los hechos pero no con los años de prisión que se les imponía.
En concreto esta persona se trata de un señor mayor, imputado junto a su hijo, que posee un cuartillo en el puerto de Isla Cristina, junto a la nave de astilleros, donde supuestamente pretendían introducir la embarcación incautada con 113 fardos de hachís, al considerar la fiscal que no ha quedado acreditada su participación en los hechos.
Según ha podido confirmar Europa Press, durante el juicio celebrado ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, que está previsto que quede visto para sentencia el próximo lunes con la lectura de las conclusiones de Manuel Macías de la Corte, letrado de Anselmo Sevillano, considerado como el cabecilla de la red y como uno de los mayores narcotraficantes de Europa tanto por la Fiscalía como por los agentes de la investigación, que declararon este jueves.
En la citada sesión tanto la Fiscalía como todas las defensas, excepto la de Anselmo Sevillano, han sido escuchadas por el tribunal. Así, el Ministerio Fiscal mantiene la petición para Sevillano, en concreto trece años y nueve meses de prisión por un delito de tráfico de drogas, otro de pertenencia a organización criminal y dos de falsificación en documento oficial cometido por particular.
A su vez, mantiene los cargos y las penas para las dos personas consideradas como los hombres de confianza de Sevillano, así como para el agente de la Guardia Civil, acusado de un delito de revelación de secretos, y para que el que su letrado ha solicitado la absolución.
Durante la sesión de este jueves, agentes de la Policía Nacional coincidieron en señalar a Anselmo Sevillano como principal cabecilla de esta red. Por otro lado, declaró un comandante de la Guardia Civil sobre los hechos que imputan a un agente de la Benemérita, acusado de revelación de secretos, y aseguró que cualquier persona apoderándose de la tarjeta y de la clave de este agente "podría suplantarlo" y acceder al programa informático del Cuerpo.
Cabe recordar que en la primera sesión, el tribunal descartó declarar nulas las intervenciones telefónicas, considerando a su vez que no se ha roto la cadena de custodia del material incautado, unas premisas que había planteado el abogado del presunto cabecilla de la red, Anselmo Sevillano, que se acogió a su derecho a no declarar.
LOS HECHOS
Los hechos se remontan a agosto de 2011 y el fiscal considera acreditado que los acusados, actuando de común acuerdo y con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito al menos durante los meses de julio y agosto de 2011, llevaron a cabo las labores oportunas para la introducción en España de un cargamento de hachís procedente de Marruecos y su desembarco en el puerto de Isla Cristina, para su alijo y posterior distribución y comercialización a terceros. Concretamente, la tarde del 21 de agosto de ese año se procedió por parte de estos al traslado al interior de las instalaciones de los astilleros en Isla de una embarcación que transportaba 113 fardos, que arrojaron un peso neto de 3,6 toneladas de hachís.
Los acusados, para el ejercicio de su ilícita actividad se relacionaban entre si jerárquicamente, teniendo establecido un sistema de comunicaciones telefónicas en clave a través de los cuales se informaban acerca de la existencia del cargamento y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de introducción y alijo de la sustancia estupefaciente.
El fiscal señala que la jefatura y dirección del grupo delictivo era ejercida en todo momento por el acusado Anselmo Sevillano, quien, huido de la justicia para evitar su ingreso en prisión por la existencia de una condena anterior por tráfico de drogas, fijó su residencia en la provincia de Málaga, en concreto en la localidad de Estepona, desde donde mantenía con otros acusados un permanente contacto, tanto de carácter personal como telefónico, a fin de impartir instrucciones y concertar con sus subordinados los pormenores relativos tanto a la recogida, ocultación y depósito de las grandes cantidades de droga en lugares adecuados ocupándose asimismo de financiar al grupo y surtirle de adecuados medios materiales tales como embarcaciones, vehículos y terminales de teléfono móvil y también de teléfonos satélite. Para el mismo, el fiscal pide más de once años de prisión y dos multas, una de 25 millones de euros y otra de 45.
A fin de ocultar su identidad, el Ministerio Fiscal considera probado que Sevillano se valía de un documento nacional de identidad y de un permiso de conducir en cuya elaboración, con ánimo falsario, había intervenido, pues siendo documentos en los que figuraban los datos reales de una tercera persona sin embargo mostraban su fotografía.
