Sanz acusa al Gobierno de "dejación de funciones" ante el narcotráfico y pide plantear "medias operativas y de refuerzo"

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez y al Ministerio del Interior de incurrir, Fernando Grande-Marlaska, en una "dejación de funciones" ante la expansión del narcotráfico en la comunidad autónoma.

A preguntas de los periodistas en la presentación del dispositivo 'Plan Venida 2026' en El Rocío, y a raíz del tiroteo mortal registrado el domingo por la noche en Isla Cristina (Huelva) y de episodios recientes en Cádiz, Málaga o Sevilla o de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva en mayo de 2026 y de otro en Barbate (Cádiz) en 2024, Sanz ha exigido una reacción estatal "urgente" para implementar "medidas operativas y de refuerzo" que "devuelvan la seguridad a las calles" y atajen la "pérdida de credibilidad del Estado".

Durante su intervención, el vicepresidente ha mostrado la "alta preocupación" de la Administración autonómica ante el hecho de que las mafias "campen a sus anchas" por la costa y los pueblos andaluces y ha recriminado al ministro del Interior que la lucha contra el crimen organizado "se le ha ido de las manos", acusando al Ejecutivo central de "desmantelar, reducir capacidades" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) cuando considera que requerirían de un respaldo operativo y legislativo "importante".

En el plano estrictamente operativo, Sanz ha reclamado la creación "inmediata" de unidades especializadas de carácter permanente dotadas "con suficientes medios materiales y humanos".

En concreto, ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar las unidades de investigación como la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional (UDYCO) y el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), los grupos de intervención como el GAR, el Servicio de Vigilancia Aduanera y, muy especialmente, la inteligencia policial como principal mecanismo de "anticipación y prevención" frente al crimen organizado y ha enfatizado la urgencia de "proteger" legal y socialmente a los agentes en lo que califica como una "batalla de Estado".

Entre las principales exigencias al Ministerio del Interior, el consejero ha vuelto a pedir la declaración de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo y reprocha que esta medida "haya sido bloqueada reiteradamente" en las Cortes, el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, el incremento estructural de plantillas y el dotar a las fuerzas de seguridad de reglas de enfrentamiento "más potentes y seguras" para combatir "con garantías" las narcolanchas y los vehículos armados.

Por último, el representante de la Junta ha pedido un paquete de reformas legislativas para "frenar la reincidencia, combatir los narcopisos" e introducir en el Código Penal la tipificación específica del "reclutamiento o la participación de menores, el uso de menores" por parte del narco.

Sanz ha instado a La Moncloa a "abandonar la pasividad" ante la "alta preocupación" por la "inseguridad" por "la expansión del narcotráfico y la actuación de las masas de narcotráfico a prácticamente todas las provincias andaluzas" y pide que despliegue un Plan Estatal General de Acción contra el Crimen Organizado que contemple "zonas de especial singularidad" y una respuesta "integrada" para garantizar el principio de autoridad.